El Reino Unido endurece las penas contra los inmigrantes ilegales

Así lo anunció la ministra del Interior británica, Priti Patel, que en un texto publicado en la prensa local justificó las nuevas medidas en que «la inmigración ilegal está impulsada por delincuentes organizados y traficantes de personas, y el público está, con razón, enfadado porque siguen llegando botes a nuestras costas, gracias a bandas criminales atroces que se benefician de la miseria humana y ponen vidas en riesgo».

Por ello, el Ejecutivo de Boris Johnson pretende ampliar de 14 años de cárcel a cadena perpetua la pena máxima para los traficantes y podría encarcelar hasta cuatro años a los inmigrantes ilegales, una pena que ahora es de seis meses. Estas modificaciones, que forman parte, según Patel, de la primera reforma integral en más de dos décadas del sistema de asilo, se expondrán con detalle mañana en el Parlamento.

Patel resaltó que los cambios permitirán que las autoridades expulsen a quienes no tienen derecho a permanecer en territorio británico. «A través de estas y muchas otras medidas en la nueva legislación, estamos decididos a lograr un cambio duradero en el sistema para que sea justo para aquellos que necesitan nuestra ayuda cuando huyen de la persecución y necesitan asilo genuino, uno que defienda nuestra reputación como un país donde la criminalidad no es recompensada, pero que es un refugio para los necesitados», escribió la ministra. Este anuncio llega cuando el país está rompiendo sus propios récords de inmigrantes a través del canal de la Mancha, una ruta además sumamente peligrosa. Solo entre enero y junio de este año casi 6.000 personas llegaron de forma ilegal, una tendencia que de mantenerse superará en poco tiempo a los 8.417 registrados en 2020.

El llamado proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras podría además fijar un centro fuera de territorio británico para que los solicitantes de asilo esperen la resolución de su caso. Según Patel, el plan es «justo pero firme».

No lo considera así el Partido Laborista, que ya dijo que se opondrá al proyecto por considerarlo «desmedido», mientras que Amnistía Internacional exigió al gobierno de Johnson «establecer rutas seguras para quienes escapan de la persecución y que desean buscar asilo aquí», en lugar de «vender mitos y falsedades deliberadamente engañosas sobre el asilo y la migración».