Un año de protestas contra Ortega sin una salida a la vista

Cerca de 400 personas han fallecido desde el 18 de abril de 2018, fecha en la que se celebraron diversas marchas contra un recorte de las pensiones y del sistema de seguridad social

Corresponsal en Ciudad de MéxicoActualizado:

Nicaragua cumple un año de su peor crisis sociopolítica reciente. Cerca de 400 personas han fallecido desde el 18 de abril de 2018, fecha en la que se celebraron diversas marchas contra un recorte de las pensiones y del sistema de seguridad social promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Aquellos días se registraron las primeras víctimas de la violenta represión ejercida por Ortega para acallar las manifestaciones, una media que precisamente logró el efecto contrario, es decir, animaron a más personas a lanzarse a la calle a lo largo del año, lo que ha desencadenado en una inestable situación para la que no parece haber solución a corto plazo.

Con el objetivo de poner fin a la crisis, el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -la oposición- cerraron a finales de marzo un acuerdo en el que el Gobierno se comprometió a restablecer los derechos constitucionales de los ciudadanos del país, los cuales han sido violados sistemáticamente como consecuencia de la represión orteguista. Así, el régimen se comprometió a volver a permitir manifestaciones contra el gobierno, además de garantizar el respeto a la libertad de prensa y el fin las detenciones arbitrarias.

Como parte del acuerdo, además, Ortega prometió liberar antes de julio a todas las personas apresadas por motivos políticos desde que hace un año se iniciaron las protestas. El gobierno, por ahora, solo ha liberado a un centenar de presos políticos de los 400 que calcula la ONU que hay, dato que ONGs locales elevan a 800.

El acuerdo para restablecer la normalidad, sin embargo, no fue del todo satisfactorio para la oposición -empresarios, campesinos, estudiantes y organizaciones civiles-, porque no incluyó la celebración de elecciones anticipadas a las previstas para 2021. Aunque no forme parte del acuerdo, el adelanto electoral sigue siendo una de las principales diferencias entre la alianza opositora y Ortega, quien gobierna interrumpidamente desde 2007 y no planea dejar el poder antes de 2021, una situación que podría ser caldo de cultivo para otro estallido en el futuro.