Un año de protestas contra Ortega sin una salida a la vista

Con el objetivo de poner fin a la crisis, el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -la oposición- cerraron a finales de marzo un acuerdo en el que el Gobierno se comprometió a restablecer los derechos constitucionales de los ciudadanos del país, los cuales han sido violados sistemáticamente como consecuencia de la represión orteguista. Así, el régimen se comprometió a volver a permitir manifestaciones contra el gobierno, además de garantizar el respeto a la libertad de prensa y el fin las detenciones arbitrarias.

Como parte del acuerdo, además, Ortega prometió liberar antes de julio a todas las personas apresadas por motivos políticos desde que hace un año se iniciaron las protestas. El gobierno, por ahora, solo ha liberado a un centenar de presos políticos de los 400 que calcula la ONU que hay, dato que ONGs locales elevan a 800.

El acuerdo para restablecer la normalidad, sin embargo, no fue del todo satisfactorio para la oposición -empresarios, campesinos, estudiantes y organizaciones civiles-, porque no incluyó la celebración de elecciones anticipadas a las previstas para 2021. Aunque no forme parte del acuerdo, el adelanto electoral sigue siendo una de las principales diferencias entre la alianza opositora y Ortega, quien gobierna interrumpidamente desde 2007 y no planea dejar el poder antes de 2021, una situación que podría ser caldo de cultivo para otro estallido en el futuro.