Los presos políticos del Helicoide se amotinan de nuevo

« Lo que solicitamos es la presencia de fiscales de derechos fundamentales , un tribunal itinerante, y que nos garanticen nuestras vidas, porque de lo que pueda suceder aquí hacemos responsables al Estado», ha explicado en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik el detenido Fred Mavares, un expolicía acusado del asesinato de un periodista del canal estatal Venezolana de Televisión. En 2016 la justicia declaró inocente a Mavares y ordenó su excarcelación, pero el SEBIN lo mantuvo detenido sin más dar explicaciones.

Fuentes citadas por el periódico 'El Nacional' informan también del motín y recuerdan que hay presos que llevaban 55 días incomunicados . Sin embargo, también informan de la entrada en la prisión de efectivos antimotines para terminar con la revuelta. En total participan en la protesta 115 personas, entre presos por motivos políticos y detenidos comunes, ha explicado Mavares, que ha subrayado que los detenidos no están dispuestos a negociar con los agentes del SEBIN, como sí hicieron en mayo, cuando se produjo otro un motín en el Helicoide .

« No vamos a doblegarnos a ceder las instalaciones hasta que no se solucione ese problema en el SEBIN . Deben tomar medidas drásticas hacia los comisarios que están aquí, que hacen ejecutar órdenes arbitrarias», ha añadido. Los amotinados exigen que se ponga en libertad a quienes tienen orden de excarcelación, que se celebren audiencias en los tribunales para los políticos presos, que se traslade a centros de salud a quienes se encuentran enfermos y que se respete el régimen de visitas. «Tenemos dos meses sin visitas, sin agua, dos meses en los que no trasladan a nadie a los tribunales ni hospitales, hay más de seis personas con boletas de excarcelación desde hace dos años. ¿Qué queda para quienes esperan ser sometidos al debido proceso penal?», ha subrayado Mavares.

El pasado 16 de mayo se produjo otra toma del Helicoide que duró tres días y que terminó tras un acuerdo con los detenidos para la creación de un tribunal itinerante que, según Mavares, no está funcionando. Posteriormente, el Gobierno se comprometió a agilizar la liberación de personas detenidas por motivos de violencia política en diversas prisiones del país, un proceso del que se beneficiaron 128 personas.