El presidente de Sudáfrica devolverá parte del dinero público que gastó en reformar su casa

Con esta propuesta, Zuma pretende lograr un acuerdo que ponga fin al proceso judicial incoado en su contra por el Tribunal Constitucional a instancias de la oposición , cuya vista está señalada para el 9 de febrero. Zuma sugiere que el Auditor General —un cargo similar al del Defensor del Pueblo, que tiene como función supervisar las cuentas públicas— y el ministro de Finanzas sean designados por el Tribunal para determinar la cantidad que debe devolver.

La Presidencia justificó como obras destinadas a garantizar la seguridad del mandatario -y por tanto a cargo del contribuyente- la construcción en su residencia de Nkandla de un establo para vacas , un corral para pollos, una piscina y un anfiteatro, según el informe que publicó la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, en 2014. En este mismo documento, le instaba a calcular, con ayuda de la Tesorería Nacional y de la Policía, el coste de las obras que no estaban relacionadas con su seguridad.

Tras muchas reticencias y las repetidas exigencias de la oposición en el Parlamento, Zuma encargó el cálculo al ministro de la Policía, que exoneró al presidente de devolver cualquier cantidad. En su informe, el ministro de Policía, Nkosinathi Nhleko, miembro del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA) que lidera Zuma, aseguraba que la piscina es « un elemento estratégico para apagar fuegos », y por tanto una infraestructura dedicada a la seguridad. La misma calificación le mereció el espacio para los animales, sobre el que concluyó que «mantiene a los animales lejos del sistema de seguridad», permitiendo así que las vallas electrificadas y el resto de dispositivos funcionen.

Jacob Zuma llegó en 2009 a la presidencia de Sudáfrica, después de que la Justicia retirara los más de 700 cargos por corrupción que pesaban contra él. Zuma, de 73 años, revalidó en 2014 el cargo con mayoría absoluta, pese a las numerosas acusaciones de corrupción contra él y su administración.