El presidente de Sudáfrica gastó 16 millones del fisco en su residencia privada

El recinto incluye una clínica, un centro de conferencias, un anfiteatro y una piscina que en el proyecto inicial constaba como un depósito contra incendios. Además, el complejo cuenta con varias viviendas para familiares del presidente, aparcamientos subterráneos y dormitorios de invitados.

Según Madonsela, la falta de acción del presidente Zuma «para proteger los recursos del Estado constituye una violación del código ético del Ejecutivo, y supone una conducta incompatible con su labor como miembro del Gobierno».

La Defensora Pública añadió en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la capital Pretoria que Jacob Zuma debería pagar el sobre coste de su residencia para aquellos gastos que extralimiten las reformas por razones de seguridad.

El presidente de Sudáfrica, que aseguró en sede parlamentaria que no se benefició personalmente de las obras en su casa y que pagó de su bolsillo las reformas en la residencia privada del complejo, deberá acudir a la Asamblea Nacional para dar explicaciones, según las recomendaciones de la oficina de Madonsela.

Aún así, la Defensora Pública consideró que Zuma no mintió a los diputados puesto que él mismo no sabía los detalles de los gastos emprendidos por el departamento de Obras Públicas.

El documento del escándalo, pese a no tener carácter coercitivo –la Defensora Pública solo puede hacer recomendaciones-, ha supuesto un duro golpe para las aspiraciones a la reelección del presidente Zuma, a seis semanas de las elecciones generales.

Zuma y su gabinete acumulan numerosas acusaciones de corrupción y nepotismo, que han llevado al gubernamental CNA a los índices de popularidad más bajos desde que Nelson Mandela lo llevara a presidencia en 1994.

El Congreso Nacional Africano (CNA), que ha ganado todas las elecciones democráticas de Sudáfrica con más del 60 por ciento de los votos, podría sufrir un descalabro de más de 10 puntos en los comicios del 7 de mayo si se confirman los sondeos, que otorgan a la formación menos del 50 por ciento de los sufragios.