La ONU pide al régimen cubano la «inmediata liberación e indemnización» de tres disidentes

Después de analizar las pruebas remitidas por la ONG Prisoners Defenders (PD) y recibir la argumentación del propio Gobierno cubano ante el requerimiento de la ONU, el Consejo de DD.HH. ha constatado la detención «arbitraria» de tres activistas políticos – Josiel Guia Piloto, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro Hidalgo – y ha pedido que se les ponga «inmediatamente en plena libertad», así como que se les conceda «el derecho efectivo a obtener una indemnización».

Así se desprende de un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria , realizado tras las reuniones celebradas entre el 18 y 22 de noviembre pasados, al que ha tenido acceso a ABC. En dichas sesiones se abordó la documentación presentada por PD en la que denunciaba la detención arbitraria contra tres disidentes cubanos, que según ha resuelto la ONU, han sido condenados por delitos «vagos» y sin tener la defensa legal adecuada, esto es «independiente».

Los casos presentados se refieren a Josiel Guia Piloto (1982) ,

presidente del Partido Republicano de Cuba, que ha sido víctima recurrente del hostigamiento del Gobierno de Cuba –entre 2011 y 2014 fue detenido en 22 ocasiones–. Al no cesar en sus actividades como activista político, volvió a ser detenido en 2016 y condenado en 2017 a cinco años de cárcel acusado de «desacato y desórdenes públicos» .

El Grupo de Trabajo, tras analizar las pruebas de PD y las alegaciones del Gobierno cubano –que asegura que en Cuba «no se detiene, persigue, hostiga, amenaza o intimida a nadie por el ejercicio de los derechos humanos–, se muestra «convencido» de que las detenciones que ha sufrido Guia Piloto están motivadas por «su actividad o participación política como opositor cubano». Y constata que fue parado por la policía sin justificación, «generando un intercambio de palabras», lo que llevó después a su arresto y procesamiento, «que se efectuó a partir de la fabricación de una sospecha por policías».

El segundo caso es el de Marbel Mendoza Reyes (1984), activista

de la plataforma Unión Patriótica Cubana (Unpacu), que coordina el opositor José Daniel Ferrer que se encuentra prisión también desde el pasado 1 de octubre en espera de juicio. Mendoza Reyes fue acusada y condenada a dos años y medio de cárcel por el delito de peligrosidad social-predelictiva , un delito que no requiere de pruebas y que el Gobierno cubano utiliza cuando sospecha que la persona señalada puede, en un futuro hipotético, estar involucrada en actividades contrarias «a la moral socialista», según denuncia PD, por lo que debe ser reeducada. Otra de las violaciones flagrantes por parte del régimen, que reclama la ONG, es el aumento de las penas de cárcel por delitos denunciados por policías y funcionarios. Eso le ocurrió a Mendoza Reyes, cuya condena fue ampliada seis meses más por un presunto delito de desacato, avalado por el único testimonio de funcionarios. Esta medida tiene como objetivo mantener a los presos políticos o de conciencia más tiempo en prisión y silenciar así sus críticas.

Por último, el tercer caso se refiere a Iván Amaro Hidalgo (1973) , activista del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, arrestado en agosto de 2016 por llevar una camiseta con el lema «Democracia SI! Dictadura NO» y «Abajo quien tú sabes». Ante su negativa a quitarse la prenda fue arrestado y acusado de desacato y atentado. En juicio a puerta cerrada, sin otros testigos que la policía, fue condenado a tres años de cárcel en marzo de 2017.

En el documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se pone en cuestión los delitos de los que son acusados los tres activistas, al considerar que «los tipos penales de desacato, desórdenes, peligrosidad y atentado , contenidos en el Código Penal, son sumamente vagos y carecen del requisito de precisión suficiente para dotar de certeza legal a la población». Y recuerda que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó «eliminar las figura de “peligrosidad” del Código Penal» cubano.

El informe subraya, además, que las detenciones de estos tres activistas «fueron efectuadas en el marco de detenciones arbitrarias sistemáticas a opositores políticos», cometidas por autoridades cubanas en los últimos años. Así, según datos de la CIDH, entre enero y noviembre de 2018 organizaciones de DD.HH. documentaron entre 2.150 y 2.697 detenciones arbitrarias. Este tipo de detenciones se ha convertido en una de las principales medidas del régimen cubano como «método de hostigamiento» contra los opositores. A esto añade, que una vez encarcelados, estos disidentes y activistas son «objeto de agresiones, amenazas y malos tratos ». De ahí, que el Grupo de Trabajo haya decidido remitir estos tres casos al Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Ante todo lo expuesto anteriormente, el Grupo de Trabajo considera que «el remedio adecuado» es poner a los tres activistas «inmediatamente en plena libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación , de conformidad con el derecho internacional». Y pide tanto a la fuente de la denuncia, PD, como al Gobierno de Cuba que hagan un seguimiento del procedimiento.

Por último, hace notar que si bien Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aunque sí lo firmó en 2008), por lo que no es parte del mismo, exhorta al Gobierno a respetar el objeto y el fin de dicho tratado, mientras se hacen votos para su pronta ratificación.