La ONU pide a Cabo Verde suspender la extradición a EE.UU. del testaferro de Maduro

Cabo Verde no tiene un tratado de extradición con EE.UU., pero en un principio sus tribunales aceptaron el envío de Saab a la Justicia estadounidense poco después de su detención. El Tribunal Supremo de Cabo Verde reiteró la extradición en una decisión del pasado 17 de marzo, en contraposición a una sentencia de una instancia judicial inferior que había solicitado la puesta en libertad.

Saab está en busca y captura después de que las autoridades de Florida impusiera ocho cargos de soborno y lavado de dinero relacionados con el desvío de más de 350 millones de dólares a cuentas privadas en el extranjero, incluido EE.UU. También se le acusa de violar las sanciones económicas impuestas por Washington contra Irán. La Fiscalía de Colombia también impuso cargos contra él.

Entre otras operaciones, Saab estuvo detrás de una trama corrupta en la que se sacaba petróleo venezolano a cambio de alimentos de primera necesidad y agua potable. En esa operación, entablada con dos empresas mexicanas -Schlager y Libre Abordo- se canjearon 30 millones de barriles de crudo por 500 contenedores de agua.

Saab se convirtió en un personaje conocido en Venezuela cuando la entonces fiscal general del país Luisa Ortega Díaz -ahora en el exilio- le acusó de ser testaferro de Maduro.

En el momento de su arresto, el 12 de junio del año pasado, Saab viajaba a Teherán para negociar un acuerdo con el Gobierno de Irán para el intercambio de gasolina -Venezuela tiene grandes reservas de crudo pero ha destrozado su infraestructura para refinarlo- por oro.

«La decisión me congratula porque paraliza la extradición», aseguró a Efe Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional e inhabilitado en España por prevaricación, que coordina el equipo legal de Saab.

La defensa del presunto testaferro de Maduro aseguró en marzo que apelaría la decisión de la Corte Suprema ante la Corte Constitucional de Cabo Verde. Garzón aseguró que espera que Cabo Verde «tome nota» y que la Corte Constitucional «decida la improcedencia de la extradición».

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