Otro suspenso más en derechos humanos para Cuba y Venezuela

En Cuba, la CIDH ha denunciado una «situación permanente y sistemática de vulneración de los Derechos Humanos de los habitantes de Cuba» que se ha prolongado «durante décadas» y que « no ha variado en 2011 ». En concreto, ha señalado los «actos de represión severa contra mujeres, las restricciones a los defensores de los Derechos Humanos y las prácticas que contravienen los derechos de los niños», así como las limitaciones de los derechos políticos y de asociación, las libertades de expresión, de difusión del pensamiento y de movimiento y la falta de elecciones y de independencia del Poder Judicial.

No obstante, la CIDH ha valorado los logros alcanzado en relación a los objetivos del milenio de Naciones Unidas, particularmente, en lo tocante a la salud materna, ya que el cien por cien de los partos fueron atendidos por personal cualificado.

Sobre Venezuela, ha expresado su preocupación por la inseguridad ciudadana , los «altos índices» de violencia y la impunidad, problemas que vincula a la «situación de provisionalidad» de jueces y fiscales, «que genera falta de independencia e imparcialidad en el Poder Judicial, lo que a su vez repercute de manera negativa en el acceso a la justicia».

Además, la CIDH ha destacado el «uso abusivo» del derecho penal, así como la «grave situación» de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad y la «afectación» a la libertad de expresión.

Si bien, ha reconocido los avances de Venezuela «en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales a través de políticas dirigidas a subsanar las carencias que aquejan a amplios sectores de la población», así como los relacionados con la protección y garantía de dichos derechos.

La CIDH ha reiterado su llamamiento al Gobierno de Hugo Chávez para que permita a una delegación visitar el país, algo a lo que hasta la fecha se ha negado , «afectando a la capacidad de la CIDH de cumplir con su mandato para la promoción y protección de los Derechos Humanos y debilitando gravemente el sistema de protección creado por los miembros de la OEA».

La CIDH ha explicado que ha seguido «con especial atención» la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya, que dio lugar a una crisis política que concluyó con las elecciones presidenciales del mes de noviembre, por virtud de las cuales el entonces presidente interino, Roberto Micheletti, cedió el mando a Porfirio Lobo.

A este respecto, ha reconocido las «buenas prácticas» del Gobierno, entre las que ha mencionado la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como de la Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños. Sin embargo, ha expresado su preocupación por «los graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación».

Así, ha apuntado que en 2011 ha recibido «información preocupante» sobre asesinatos, agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación y sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, de los campesinos del Bajo Aguán, de los pueblos indígenas y de la comunidad de homosexuales, bisexuales y transexuales.

Respecto a Colombia, la CIDH ha denunciado la violencia generada por los grupos armados -guerrillas y paramilitares- y la persistencia de los 'falsos positivos', como se conoce popularmente a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que los militares presentan como insurgentes caídos en combate.

La CIDH ha apuntado que «los grupos armados continúan involucrados en actos de hostigamiento que afectan especialmente a las poblaciones y personas históricamente sometidas a discriminación o que están en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres, los niños y los defensores de Derechos Humanos». Si bien, se ha mostrado consciente de la «compleja situación» que afronta el país tras cinco décadas de violencia como consecuencia de los grupos armados y del narcotráfico.

A este respecto, ha reconocido los esfuerzos destinados a desarticular las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También ha denunciado la persistencia de los 'falsos positivos', a pesar de que se ha reducido su número, y las pocas condenas a uniformados por dichas ejecuciones extrajudiciales, por lo que ha instado a las autoridades judiciales a acelerar las investigaciones y a impedir los hostigamientos contra quienes denuncian los casos.

En la misma línea, ha apuntado el elevado número de denuncias que sigue recibiendo por la aplicación del Fuero Militar a casos de violación de Derechos Humanos , a pesar de que la Ley de Justicia y Paz se promulgó hace seis años. No obstante, la CIDH ha aplaudido «las medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas por Colombia para superar las graves situaciones de violación de Derechos Humanos derivadas del paramilitarismo y de las actividades ilegales de Inteligencia».