La nueva Constitución de Chile, que propone refundar el país, divide a los chilenos

El controvertido texto de 388 artículos, según las encuestas, registra un empate técnico entre las opciones apruebo y rechazo y más del 50% de los chilenos se declara indeciso. Boric, quien recibirá el extenso documento en una ceremonia oficial con 500 invitados, deberá promover la publicidad del mismo asegurando la prescindencia y ‘neutralidad’ del Gobierno frente al plebiscito, según lo decretó la Contraloría. Así, las actuales autoridades se encuentran en una encrucijada porque varias destacadas voces procedentes de la Concertación rechazan la propuesta y, aunque no han comunicado su posición final, el expresidente Ricardo Lagos ha cuestionado algunos acápites. Al contrario, Michelle Bachelet se manifestó a favor de aprobarla.

A juicio de diversos actores, en la nueva Constitución prima la visión de los sectores de izquierda e indigenistas que lograron congregar los 2/3 (103 votos) necesarios para aprobar cada articulado, relegando a la ausencia a los representantes de la centroderecha. La labor de la CC, compuesta por 155 miembros, estuvo marcada por múltiples controversias debido al comportamiento de los convencionales –uno debió renunciar tras descubrirse que mintió al declararse enfermo de cáncer–, por lo que rápidamente su credibilidad y apoyo inicial fue decayendo en los sondeos. La última polémica se generó cuando resolvieron, en un inicio, no invitar a la ceremonia oficial de mañana a los cuatro expresidentes aduciendo un problema de aforo. Aunque revisaron la medida ya era tarde; Lagos se restó facilitando su cupo a otra persona y luego, se sumaron Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Michelle Bachelet se encuentra en Ginebra.

Así, Boric será acompañado en esta ceremonia por algunos ministros y los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema. Tampoco estará el Contralor quien se excusó por un «compromiso ineludible». Distintos sectores han advertido del carácter poco unitario y profundamente identitario de la CC lo que se refleja en el texto. De hecho, en todos los actos públicos del órgano la bandera chilena estuvo ausente, en contraposición con la presencia de todas las de etnias y movimientos. Los partidos de centroderecha Republicanos, UDI, RN y Evopoli ya anunciaron su rechazo, mientras que en la Democracia Cristiana nueve extimoneles, entre los que se encuentran Frei y los excancilleres Alejandro Foxley e Ignacio Walker, solicitaron a la directiva «libertad de acción».

En la centroizquierda, destacados intelectuales del mundo progresista y exministros de gobiernos de la Concertación, también han declarado su oposición. El único partido de ese exconglomerado que ya oficializó su apoyo es el PPD, faltando los pronunciamientos del Socialista y Radical. Solo el Frente Amplio y el Partido Comunista, que forman la coalición de Boric, defienden este texto como su obra. En este escenario, sectores de centroderecha empujan la opción ‘Rechazar para reformar’ la Constitución de 1980 que seguiría vigente de ganar esta opción, mientras que el centroizquierda, inquieto por la propuesta de la CC, varios postulan ‘Aprobar para mejorar'.

La propuesta de nueva Carta Magna es un enunciado de principios que deberán ser objetos de ley, pero, establece fechas perentorias al presidente que esté en ejercicio para el ingreso de los proyectos de ley respectivos en materias de salud, viviendas o pensiones, convirtiendo a la Constitución, a juicio de algunos, en un programa de gobierno. Dentro de sus postulados está el deber del Estado de velar por «una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva». Asimismo, declara que «Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos» y respecto de ellos, dice que, «en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno», desconociéndose el alcance de esto.

La profunda reforma que hace del sistema político implica atenuar el régimen presidencial, traspasando muchas de sus facultades a los gobiernos regionales y al nuevo poder legislativo que sería asimétrico. Convierte a la actual Cámara en el Congreso de Diputados y Diputadas y elimina el Senado, dando paso a una Cámara de las Regiones con atribuciones limitadas.

Clave es que los gobernantes pierden la facultad exclusiva que tienen hoy en materia de leyes que erogan gastos o fijan tributos, estableciendo que en el futuro estos podrán ser presentados por los diputados con la necesaria ‘concurrencia’ presidencial.

Otro de los aspectos más polémicos es la reestructuración del poder judicial, creándose un Sistema de Justicia de Pueblos Indígenas , ejercido por sus autoridades ancestrales, y que operará en paralelo al Sistema Nacional de Justicia para los demás ciudadanos.

Además de la modificación del modelo, señalando el deber del Estado «de generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos», la propuesta indica que el Estado podrá desarrollar actividades empresariales.

En cuanto al derecho de propiedad , señala que este no puede ser conculcado más que en virtud de una ley y que por dicha expropiación se deberá pagar un «justo precio», algo considerado discrecional. Crea los sistemas nacionales públicos, universales y solidarios, de seguridad social y salud, lo que se traduce en el fin de las AFP en el ámbito de las pensiones (una ley definirá el destino de los ahorros individuales actuales) y del sistema privado de salud. También inquieta es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a sus territorios y recursos, señalándose que la restitución de tierras debe ser el «mecanismo preferente de reparación».

También se estableció que Gabriel Boric no podrá hacer uso de la posibilidad de reelección y que el Tribunal Constitucional cesa en sus funciones inmediatamente una vez promulgada la nueva Carta Magna. Si el actual Congreso quiere modificar las normas más polémicas (Aprobar para mejorar), se estableció que todo lo referido a sistema político y otros capítulos sustanciales, tanto el Senado como la Cámara deberán aprobarlas por 4/7 y luego ser sometidas a plebiscito ciudadano, que se evitaría solo si los cambios se hacen con 2/3 de los legisladores.