Colombia, confinada mientras los presos rompen el encierro

La noche de motín dejó un saldo de 23 muertos y más de 90 heridos tras el enfrentamiento con los guardas y autoridades policiales, aunque también por cuenta de rivalidades internas y ajustes de cuentas. La más escandalosa, la de alias ‘Titi’, Alejandro Mazo Pulgarín, en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, donde por principio casi que ni entra el sol, pero todo indica que sí alcanzó a colarse un arma blanca con la que asesinaron al líder de una de las bandas criminales más conocidas del departamento de Antioquia, aliada del grupo paramilitar del Clan del Golfo. Las cárceles de Colombia son famosas no solo porque encierran en cuatro paredes las rivalidades de las bandas que operan afuera, sino por sus pésimas condiciones y la corrupción que medra en ellas

Lo que inicialmente iba a ser un cacerolazo, coordinado por los propios reos vía WhatsApp para protestar por las precarias condiciones y el riesgo de contraer el coronavirus, terminó siendo una noche de fuego y violencia . Entre las instituciones involucradas en amotinamientos están las tres principales cárceles de Bogotá, La Modelo, La Picota y la femenina del Buen Pastor; dos cárceles de Medellín, Pedregal y Buenavista; además de otras en capitales departamentales como Ibagué y Cúcuta.

Para la ministra de Justicia, Margarita Cabello , fue «intento criminal de fuga masiva», como lo señaló al país en un informe rendido el domingo en la mañana, parada a dos metros de distancia del general Norberto Mujica , director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El suceso, más veloz que el coronavirus, se tomó varias cárceles casi en simultáneo. Pero no era del todo desconocido pues la crisis penitenciaria ha sido un reiterado motivo de quejas, llamados y protestas por parte tanto de los detenidos como de juristas, analistas de seguridad y defensores de los derechos humanos. La cifra es elocuente: una población de 120.000 reclusos distribuidos en 138 cárceles (algunas hasta con 200% de sobrecupo ) que vive en permanente crisis sanitaria, con poquísimos recursos médicos y atención, servicio de agua intermitente, a la que ahora se suma el riesgo de contagio de coronavirus, por lo cual el gobierno había suspendido las visitas familiares desde el fin de semana anterior, como medida de prevención.

Las autoridades colombianas afirman que no hay casos de coronavirus en las cárceles del país, pero los presos piden que por este tiempo de pandemia los dejen ir a sus casas a estar con sus familias . Esta petición no es del todo descabellada y es parcialmente avalada por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidades que piden que dejen ir a sus casas a los reclusos mayores de 70 años, que serían unas 2000 personas, y a las madres gestantes que estén en prisión, siempre y cuando tengan penas inferiores a los ocho años de prisión.

La declaratoria de emergencia carcelaria dictada por el gobierno de Iván Duque permitiría precisamente que el director del INPEC, para atender la situación de excepción, pueda trasladar presos, pedir soporte de la fuerza pública, recibir mayores recursos sanitarios y recursos, en general, sin tener que pasar por largos procesos contractuales y dándole mayor agilidad a la entidad. Sin embargo, también se debatió el lunes si este estado de excepción sí permite los traslados cuando son los jueces los que deben ordenarlos, claridad que se debe hacer de inmediato para que la medida no sea derogada por la Corte Constitucional.

Se espera que este martes el presidente Duque defina medidas adicionales para evitar la entrada del covid-19 al sistema penitenciario, aliviar el hacinamiento y atender una crisis largamente pospuesta a la que el covid-19 le está imprimiendo velocidad y se le puede sumar.