Inmigración ilegal en EE.UU.: «Llevo tantos años aquí que la gente piensa que tengo papeles»

Ella es una de las cerca de once millones de inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU. Como Amparo, hacen los trabajos que nadie quiere. Fregar suelos, limpiar platos, recoger fresa, repartir comida, recortar setos, cuidar niños o mover muebles.

En su caso, ni siquiera ha accedido a la asistencia que se ofrece para personas de bajos recursos –en algunos estados, también para inmigrantes indocumentados– como cupones de comida o cobertura médica pública. «Una no coge ayudas, porque si una las coge le dañan los papeles después», explica. Ese «después» ya tarda para ella más de tres décadas.

«Una está confiada en que sí va a suceder, que va a haber un cambio y que una va a tener ese cambio», dice sobre su situación legal. El cambio en el horizonte es la propuesta de reforma migratoria que ha traído Joe Biden debajo del brazo. El plan, a grandes rasgos, es establecer un proceso de regulación por el que la mayoría de esos millones de inmigrantes indocumentados accederían a la ciudadanía en un plazo de ocho años . En un primer momento, se revisarían sus antecedentes y se comprobaría que pagan impuestos, lo que les daría un permiso para vivir y trabajar en el país durante cinco años. Una vez pasado ese tiempo, podrían solicitar la residencia permanente –la llamada ‘tarjeta verde’– y, tres años después, convertirse en ciudadanos.

La regularización de millones de inmigrantes es un rompecabezas político que será muy difícil de resolver para el presidente de EE.UU. La inmigración es el asunto más polarizante de un país roto por la polarización. La regularización de quienes cruzaron la frontera sin papeles no es una opción para la mayoría de republicanos en estos momentos. Sobre todo en un partido tomado por el endurecimiento regulatorio y el mensaje agresivo de Donald Trump sobre la inmigración y los inmigrantes.

Biden está buscando desmantelar la política migratoria de Trump –detención de la construcción del muro, agilización de las solicitudes de asilo, limitación de la detención de familias– al mismo tiempo que la situación en la frontera se descontrola, por ejemplo, con un crecimiento disparado de la detención de menores sin compañía de adultos.

Trump arrancó su ascenso al poder en junio de 2015 en un discurso en el que llamó «criminales» y «violadores» a los inmigrantes mexicanos. Este viernes, emitió un comunicado incendiario en el que habló de un «tsunami en espiral» en la frontera y de una «incursión masiva en nuestro país de gente que no debería estar aquí». Dijo, sin prueba de ello, que «muchos tienen antecedentes criminales» y «muchos otros tienen covid y lo están contagiando».

Trump, al que votaron 74 millones de estadounidenses, domina el partido republicano y está dispuesto a hacer de la inmigración y del miedo y del odio al inmigrante su apuesta para recuperar la Casa Blanca en 2024, como ya dejó ver en su primer discurso como expresidente la semana pasada.

Biden, por su lado, tiene entre manos una reforma que miran con recelo algunos en su partido y unos antecedentes que no dan esperanzas a muchos inmigrantes. Se esperaba que su reforma migratoria se empezara a discutir en el Congreso este mes, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció esta semana que se postergaba al menos hasta el mes que viene.

«Ese jueguito de Biden ya lo vimos con Barack Obama », dice Jaime, un inmigrante de Guatemala que vive en Nueva York, sobre un Gobierno en el que Biden fue vicepresidente. «Prometió mucho y no hizo nada. Al contrario, deportó a tres millones de inmigrantes». Lleva 14 años en EE.UU., donde llegó «para buscar un mejor mañana, para progresar». Habla desde el aparcamiento de un Home Depot, un hipermercado del bricolaje y la construcción, en Brooklyn.

Allí van todos los días decenas de inmigrantes indocumentados –«hay de México, El Salvador, Honduras, Guatemala, de todos lados»– a buscar que alguien les contrate para una mudanza, un trabajo de pintura, limpiar un solar o lo que sea. Llegan los clientes en coche, bajan la ventanilla, se negocia un precio. Como lumis de la chapuza. Sin seguro ni seguridad. «Este país se asegura de que pagues impuestos, pero no de que te den derechos», protesta Jaime .

Dice que una regulación masiva solo llegará con un presidente republicano. Los antecedentes le dan la razón. La última ocurrió con Ronald Reagan en 1986. Fue la forma en la que los padres de Reyna López accedieron a la ciudadanía. Ahora ella es la directora ejecutiva de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste (PCUN), un sindicato de trabajadores del campo en Oregón, en la otra punta del país.

La semana que viene se espera que llegue al Congreso una propuesta para regularizar buena parte de la mano de obra agrícola sin papeles. «Ahí sí veo oportunidad», dice López de una medida que lleva fraguándose mucho tiempo. «La regularización de los once millones de indocumentados va a estar muy difícil, aunque me duela decirlo», lamenta.

Detrás de cada uno de esos once millones hay una historia de ilusión, de abandono y de esperanza. Y un cruce ilegal de la frontera. Amparo lo hizo tras volar de Colombia a Honduras. Después, un periplo de un mes con trayectos en camionetas, ‘acostados’ en coches en algunos tramos, caminando en la jungla en Guatemala. Siempre según las indicaciones de sus ‘coyotes’. Lo último, lo más duro, atravesar el desierto en la frontera a pie , un día y una noche de caminata. Por último, saltar una valla en Agua Prieta, en la frontera con Arizona. Más coches clandestinos hasta llegar a Phoenix y después, el billete hasta el destino final. Jaime también atravesó el desierto, una experiencia que le ilumina, «me trató bien», dice y le ensombrece: «Hay gente que muere en el intento».

Es el mismo que pateó Marta, que huyó de Guatemala con su hija hace dos años. Cuenta que en su zona mandaban las ‘maras’ y emigró hacia el Norte. Cruzó el río Grande en Texas antes de la política de ‘tolerancia cero’ que Trump impuso en la frontera y que supuso la separación de miles de familias. Con todo, estuvo detenida y en condiciones penosas, en celdas llenas de inmigrantes, durmiendo en el suelo del baño y abrazada a otras detenidas para hacer frente al frío. Como muchos indocumentados, fue liberada a la espera de una cita con el juez de inmigración, que todavía no se ha producido.

«Todavía le tengo que pagar dinero al coyote», dice Marta, que ahora cuida niños en Nueva York. No se arrepiente de su decisión. «Le doy gracias a Dios de haberme permitido llegar hasta aquí», asegura. Tiene un trabajo, vive con otros familiares y tiene cobertura sanitaria pública. La reforma de Biden es la esperanza para que su vida sea más digna. «Para poder trabajar, tener más estabilidad y ya no tener miedo a nada», dice. «Una anda por las calles pero una no sabe. A veces sí tengo miedo a que me detengan».