El Gobierno teme que el cierre de la ruta de los Balcanes desvíe a los refugiados a España

Así lo considera también el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz , para quien «las mafias que trafican con personas son malas, pero no tontas y van a utilizar otras vías», como hacen habitualmente los contrabandistas o los narcotraficantes. De ahí que las soluciones que se apliquen para afrontar este problema no deben provocar que el cierre de unas rutas haga que abran otras». La única solución es, según Fernández Díaz, una política «común e integral», que «atienda a las causas y no solo a las consecuencias» de uno de los problemas más graves a los que ha tenido que hacer frente la UE.

En el Consejo de Ministros de Interior, los representantes de los Veintiocho se limitaron a constatar la existencia de un principio de acuerdo con Turquía , alcanzado en la cumbre del pasado lunes, pero que aún tiene que ser considerado en la que se celebrará este jueves. La mayoría de los ministros se expresaron en un sentido pragmático, dando por hecho que los términos del proyecto de acuerdo están en consonancia con la legislación internacional y comunitaria. Sin embargo, la fórmula que quedó pergeñada con el primer ministro turco, Ahmet Davutogulu , sigue siendo objeto de innumerables críticas por parte de organizaciones internacionales.

Hasta el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker , ha tenido que reconocer que es muy probable que tanto Turquía como Grecia tengan que aprobar alguna legislación para garantizar que si se lleva a cabo esta fórmula de intercambio de un inmigrante aceptado por cada uno que sea expulsado por no cumplir los requisitos legales, se tengan en cuenta «los requisitos básicos de la Convención de Ginebra». De momento, además, la Comisión está intentando llevar el asunto a una negociación bilateral entre Grecia y Turquía, porque políticamente es mucho más fácil de gestionar, pero eso no impide que existan dudas sobre su legalidad. «Es muy probable que tanto en Grecia como en Turquía tengan que ser aprobadas algunas legislaciones por los respectivos parlamentos, pero esto es algo que tenemos que ver a lo largo de esta semana», explicó Juncker en rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN , Jens Stoltenberg.

El ministro holandés de Inmigración, Klaas Dijkhoff, que representa a la presidencia de turno, también cree que aún quedan algunos pasos para que Turquía pueda ser considerada un «país seguro» al que enviar a los demandantes de asilo que no sean aceptados por la UE. Un país seguro, además de gozar de un ambiente estable y democrático, debe «respetar el principio de no devolución en caliente, dar la posibilidad de optar a procesos de asilo y ofrecer unas condiciones a las personas a las que dé protección que cumpla ciertos umbrales».

El ministro griego de Política Migratoria, Yannis Mouzalas, dijo a los medios griegos en Bruselas que de hecho, su país ya considera a Turquía como un país seguro. Para Grecia, el hecho de que Turquía acoja ya a dos millones y medio de refugiados y que tanto la propia UE (financiando con 6.000 millones de euros) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) están supervisando esta tarea, se puede considerar que el país es legalmente «seguro». Todo depende de a quién se le pregunte. Muchos kurdos o periodistas de la oposicicón al Gobierno de Ankara, probablemente no estén de acuerdo.