Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal promueven una condena de la ONU a la represión siria

Los impulsores del texto esperan que una condena del Consejo de Seguridad incremente la presión sobre el régimen sirio y rebaje a su vez su respuesta a las protestas, ha señalado la fuente. El texto difundido entre los miembros del Consejo apoya la postura del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon , que ha defendido este fin de semana la apertura de una investigación independiente de la muerte de manifestantes. Además, advierte de que la situación en Siria afecta a las perspectivas de paz en Oriente Próximo , una mención que pretende propiciar que China y Rusia se presten a debatir la cuestión, según la fuente.

Sin embargo, aún no está claro si estods dos países, ambos con derecho a veto, apoyarán una resolución de estas características, especialmente tras las duras críticas de Moscú y Pekín a la deriva que ha tomado la intervención internacional en Libia. Cientos de personas han muerto desde el viernes por disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Este mismo lunes al menos 18 personas han fallecido en la ciudad de Deraa , epicentro de las protestas, según el destacado activista Ammar Qurabi.

El Ministerio del Interior sirio a la Policía y el resto de cuerpos de seguridad a que se presente «de inmediato» a todos los detenidos ante los tribunales competentes, según ha informado la agencia oficial SANA. La orden de Interior, que se basa en el decreto que anuló la semana pasada la vigencia de la ley de emergencia en Siria, insta a la «Policía y departamentos pertinentes a presentar de inmediato todos los detenidos en virtud de la ley marcial a los tribunales competentes». El escueto comunicado no da detalles sobre el número de detenidos en virtud de esta norma ni si entre ellos se encuentran los arrestados en las últimas semanas durante las protestas contra al Assad y a favor de cambios democráticos.

El presidente sirio firmó el jueves una serie de decretos que suponían el levantamiento de facto de la ley de emergencia vigente desde 1963 y la abolición del Tribunal de Seguridad del Estado, además del reconocimiento del derecho a la protesta pacífica. No obstante, también ratificó un decreto por el que se amplía de uno a siete días el periodo de detención previa , antes de su remisión a los tribunales, para ciertos crímenes contra el Estado, una medida que, a juicio de Human Rights Watch (HRW), podría aumentar el riesgo de abusos durante el cautiverio.