Los investigados, 16 oficiales y 80 suboficiales, habrían cometido ejecuciones extrajudiciales bajo el liderazgo del comandante Enrique Prado Ravines entre los años 2011 y 2015, con el objetivo de obtener ascensos y distinciones policiales.
Según un colaborador que asegura haber formado parte del grupo de informantes civiles pagados por el mencionado comandante, estos incentivaban a delincuentes de baja categoría a cometer delitos sencillos, información que luego filtraban a la Policía.
Así, los agentes sorprendían a los delincuentes y los abatían a disparos , para después informar de que los tiroteos habían sido producto de enfrentamientos arriesgados .
«El comandante Prado organizaba todo, ganaba así su ascenso y felicitaciones por parte de sus jefes. Nosotros ganábamos dinero. Nos captaba para llevar a personas con antecedentes y que realizasen el trabajo, es decir, para hacer creer a los delincuentes que había empresarios o bancos para poder asaltar», ha explicado este colaborador en un programa de televisión. Como él había unos 10 civiles.
El abogado del comandante, Isaac Nonalaya, ha negado rotundamente que su defendido sea el responsable de este esquema y ha acusado al colaborador que ha dado la información de contar «historias falsas» en busca de remuneración económica . Asimismo, ha asegurado que su cliente no tiene ningún tipo de notificación por parte de la Inspección General.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete