La Fiscalía de Sao Paulo pide prisión preventiva para Lula

En una rueda de prensa este jueves, los fiscales Cassio Conserino, Fernando Henrique Moraes de Araujo y José Carlos Blat, informaron que entrevistaron más de 100 personas durante siete meses de investigaciones. «Desde siempre ese inmueble estuvo reservado para el expresidente» , afirmó Conserino, apuntando que Lula recibió regalos lujosos, como ese piso con vista al mar.

Entre los 16 acusados están el hijo de Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, el extesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari, preso por el escándalo de Petrobras, y ejecutivos de la constructora OAS. La esposa y el hijo de Lula son acusados por blanqueo de fondos.

Según los fiscales, la prisión de Lula es necesaria para garantizar el «orden público , la instrucción del proceso y la aplicación de la ley penal». El caso será analizado por la jueza María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, de la 4a corte criminal de São Paulo. Aún no se sabe la fecha.

El triplex en investigación fue construido por OAS, contratada por una cooperativa de bancarios vinculada al PT de São Paulo y dirigida por Vaccari. Lula sería, según la investigación, el verdadero dueño del inmueble que consta en documentos como propiedad de la constructora. Según la fiscalía, la empresa gastó alrededor de 250 mil euros en reformas.

Según el diario «Folha de São Paulo», Lula consideró la decisión una respuesta a las noticias de que asumiría un ministerio en el Gobierno de Dilma Rousseff para tener fuero especial y evitar su prisión .

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, declaró que esa acción banaliza la institución de la prisión preventiva, la comparó a los tiempos de la dictadora y confirmó la parcialidad con que el asunto está siendo conducido.

La defensa de Lula informa que Marisa Leticia adquirió en 2004 una opción de compra de un piso común y no de un triplex en ese edificio, desistiendo del negocio. Lula y su esposa visitaron el triplex, sin embargo, nunca lo compraron, informan los abogados.

El presidente del PT, Rui Falcão, dijo que la decisión es «mediática» y que confía en que la jueza rechazará el pedido. El Instituto Lula, que fue allanado la semana pasada durante la detención de Lula, comentó en un comunicado que la decisión era cosa de de «militancia política», apuntando la parcialidad de los fiscales.

«Este promotor no tiene exención ni equilibrio. Ha mostrado a lo largo de estos meses una parcialidad y color partidario», concordó Henrique Fontana, vicelíder del PT en la Cámara de Diputados, refiriéndose a Conserino.

El líder del oposicionista Partido de la Social Democracia (PSDB) en el Senado, Cassio Cunha Lima, vio la decisión con cautela, por no encontrar los fundamentos que autorizan el pedido , porque las aprehensiones de documentos son muy recientes, refiriéndose a la operación de la semana pasada. «Vivimos un momento político delicado y necesitamos prudencia», declaró el líder socialdemócrata.

El Frente Brasil Popular, que reúne más de 60 movimientos sociales está en contacto con la militancia por WhatsApp para organizar protestas urgentes contra el pedido de prisión de Lula. El grupo incluye líderes de las centrales de trabajadores, partidos de izquierda, sindicatos y movimientos populares y ya marcaron una protesta para el viernes 18 de marzo, cinco días después de las marchas organizadas por la oposición.

Lula, que dejó el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia del país, está siendo investigado por corrupción y fue detenido el viernes pasado para dar explicaciones.