EE.UU. condena el «uso indebido de la fuerza» en Bolivia y pide que tenga «consecuencias legales»

Esas fueron las palabras empleadas por Kevin O'Reilly, secretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, durante una conferencia de prensa telefónica desde Miami con medios internacionales, en la que se felicitó por los avances hacia una salida democrática para la crisis boliviana en lo que considera un «momento histórico».

O'Reilly consideró «un paso muy positivo» la participación de «un espectro muy amplio» en las negociaciones para lograr el marco legal de unos nuevos comicios tras lo que consideró «un escándalo electoral muy grave», en referencia a las irregularidades en el proceso del 20 de octubre, como las manipulaciones informáticas y falsificación de actas, que detalló en una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que acabaron precipitando la caída del hasta entonces presidente, Evo Morales , en la actualidad asilado político en México .

El alto cargo del Departamento de Estado pidió que quienes participaron en ese fraude den «un paso atrás» y permitan seguir avanzando hacia las nuevas elecciones. Además, mostró su apoyo ala proclamación de Jeanine Áñez como presidenta del país frente a las acusaciones de «golpe de Estado» de Morales y sus seguidores, al recordar que el Tribunal Constitucional boliviano determinó su legitimidad y señalar que EE.UU. respeta las decisiones de las autoridades del país.

Pero Kevin O'Reilly también quiso subrayar la condena de su país a la «violencia» y la «política divisiva», así como al «uso indebido de la fuerza». Además, reclamó que este tipo de actuaciones tengan «las consecuencias legales correspondientes».

En este sentido, ocho civiles murieron por armas de fuego el pasado martes durante el operativo militar y policial puesto en marcha en una refinería de la ciudad de El Alto, en los alrededores de la Paz, para liberar las instalaciones del sitio al que estaban sometidas por seguidores de Morales, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Con estas nuevas víctimas, el número de muertos total desde que se desató la crisis por el fraude electoral se eleva ya a 32.

La presidenta interina firmó hace unos días un decreto que exime de «responsabilidad penal» a las fuerzas de seguridad del Estado que empleen la violencia «proporcionada» en «legítima defensa» durante las manifestaciones en el país, donde los partidarios de Morales salieron a la calle en contra del Gobierno provisional.

Por otra parte, O'Reilly también rechazó a aquellos que tratan de bloquear el acceso de la población a agua y alimentos, y reclamó que se deje prosperar el diálogo. Precisamente el Gobierno interino reveló esta semana un vídeo en el que supuestamente Evo Morales alienta por teléfono desde México a bloquear las ciudades e impedir que llegue comida hasta ellas.

Con todo, ante la pregunta de uno de los periodistas de si cree que la situación puede derivar en una guerra civil , el representante de la Administración Trump insistió en su confianza en el diálogo abierto para celebrar elecciones, auspiciado por la Iglesia y en el que participan los principales partidos bolivianos, incluido el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, así como la Unión Europea.

No quiso entrar en si EE.UU. podría imponer sanciones a los responsables del fraude electoral, si bien indicó que su país va a «analizar los hechos». Tampoco se pronunció sobre la posibilidad de que Washington designe un embajador en Bolivia, donde en la actualidad cuenta tan solo con un encargado de negocios y se limitó a recalcar el «apoyo a una transición electoral de éxito».

Sobre la supuesta infiltración de cubanos o venezolanos en las protestas en Cochabamba, feudo de Morales, que ha denuciado el senador estadounidense Marco Rubio, confió en «que no sea así», aunque apuntó que desde su gobierno se «presta atención» al riesgo de una intervención desde fuera de Bolivia.

En cuanto a México, el país que ha dado cobijo a Evo Morales, indicó que EE.UU. «aprecia» el asilo que le ha concedido tras abandonar el poder en Bolivia.