Ecuador supera su récord de agresiones a la libertad de expresión

En 2015 se produjeron 377 acciones gubernamentales en contra de periodistas y medios de comunicación, 123 más que las registradas en 2014, que contabilizó 254. Hubo 34 «agresiones físicas» , algunas como producto de la represión durante las jornadas de protesta de los últimos meses, así como persecución a tuiteros y blogueros y hasta censura de contenidos de internet a través de la empresa española Ares Rights. Fundamedios lleva registro de las agresiones desde 2008. Respecto de 2015, señala que la imposición de contenidos que incluyen réplicas y cadenas descalificadoras es la segunda mayor agresión, con 57 casos.

Correa, que llegó al poder el 15 de enero de 2007, nunca ocultó su afán de controlar los medios. Una de sus estrategias ha sido deslegitimar el trabajo de los periodistas. Sábado tras sábado, en el programa de televisión «Enlace ciudadano», donde informa sobre su trabajo semanal, el presidente repite el mantra: «Prensa corrupta, prensa corrupta» . En ese espacio ha exhibido, «para que les conozca la gente», las fotos de los periodistas que han dicho algo que no le gusta. En no menos de cinco ocasiones ha roto diarios y los ha echado al cesto de la basura, porque no sirven «ni para madurar aguacates».

La condena punitiva ha sido un arma contra la prensa . El diario «El Universo», el de mayor tirada en el país, fue sentenciado a pagar una multa de 40 millones de dólares al presidente Correa y sus directivos fueron condenados a tres años de prisión por un artículo de opinión del editor, que se les hizo extensivo por «responsabilidad coadyuvante». Luego, en cadena nacional y ante invitados especiales en el Palacio, el presidente los «perdonó». También perdonó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro «El Gran Hermano», que denunció los contratos del hermano mayor de Correa, y a los que los jueces, en primera instancia, sentenciaron a pagar un millón de dólares cada uno al mandatario, por «daño espiritual».

«El Universo» sí pagó una multa de 90.000 dólares por una caricatura de «Bonil» . Luego se acogió al derecho a la resistencia y no pagó otra de 350.000, equivalente al 10 por ciento de su facturación de los últimos tres meses, impuesta por negarse a publicar una réplica de la Secretaría de Comunicación, que envió la corrección maquetada y con título incluido. «La Hora» y «Expreso» también se han declarado en resistencia.

El 28 de julio de 2012, Correa ordenó a sus funcionarios: «De ahora en adelante no mandan publicidad oficial a los medios mercantilistas, porque no tenemos por qué, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar el negocio de seis familias de este país». Durante algunos meses, prohibió a sus ministros y altos cargos dar declaraciones a los medios «que tienen negocios con fines de lucro y atacan al Gobierno», mientras promovía el boicot en contra de la prensa: «¿Cómo podemos colaborar con la revolución ciudadana?» preguntó a sus partidarios, y él mismo respondió: «No compren esa prensa corrupta» .

En la sabatina del 5 de septiembre de 2015, Correa cuestionó a los británicos «The Guardian» y «The Economist» y al francés «Le Monde» por «las mentiras» que según él publicaron sobre las protestas de indígenas opositores y la reacción policial. A cada uno envió mensajes de Twitter cuestionándoles y pidió a sus seguidores que lo replicaran.

La Ley de Comunicación de Ecuador es considerada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como la «más restrictiva del Hemisferio» . Para el director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, «es un cuerpo legal que pretende convertir el derecho a la comunicación en un servicio público, sujeto a controles administrativos del Estado. Una ley que propicia la censura y la autocensura, que ha creado un virtual tribunal especial, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom)».

La evaluación del superintendente Carlos Ochoa, con ocasión de los dos años de la vigencia de la Ley, en julio de 2015, es distinta: «Creo que hoy más que nunca existe en este país una verdadera libertad de expresión», dijo. Un estudio, presentado la misma fecha, dio cuenta de que el cien por cien de los procesos iniciados de oficio por la Supercom terminó en sanción contra los medios.