Duterte «deshumaniza» a las víctimas de su guerra contra la droga en Filipinas

«¿Crímenes contra la humanidad? En primer lugar, me gustaría ser sincero con ustedes: ¿Son seres humanos? ¿Cuál es su definición de ser humano?» , aseguró el mandatario durante una visita a un campamento militar, de acuerdo a las transcripciones de su discurso. «No se puede hacer una guerra sin matar», recordaba.

La pasada semana, Ronald de la Rosa, máxima autoridad policial del país, reconocía que desde la llegada de la Administración Duterte el pasado 30 de junio , al menos 1.900 personas han muerto durante la represión contra el narcotráfico.

En una comparecencia en el Senado, el jefe de Policía aseveró que las fuerzas de seguridad habían acabado con la vida de cerca de 750 personas debido a la resistencia de las víctimas a ser detenidas. Mientras, el resto de muertes «están siendo investigadas».

Con anterioridad, expertos de la ONU habían instado al Gobierno de Manila a detener las ejecuciones y asesinatos extrajudiciales intensificados desde la llegada al poder de Duterte.

«En efecto, es una licencia para matar» , aseguraba entonces Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, subrayando que «las directivas de esta naturaleza son irresponsables en el extremo y la incitación a la violencia y el asesinato, un crimen de derecho internacional».

La reacción de Duterte no se hizo esperar. «Tal vez tengamos que decidir separarnos de las Naciones Unidas. Si eres un irrespetuoso hijo de puta (sic), entonces yo me voy», respondía el mandatario.

Ya a comienzos de mes, en un nuevo golpe de autoridad, Duterte «el Castigador», apelativo que se ganara durante sus años como alcalde de la ciudad de Davao, había hecho pública una lista de más de 150 jueces, políticos, policías y militares presuntamente implicados en el tráfico de drogas. La difusión fue criticada por la presidenta de la Corte Suprema, María Lourdes Sereno. Sobre todo, ante los errores de bulto (uno de los mencionados en la lista, el juez Roberto Navidad, fue asesinado hace ocho años).

Convertida en una de sus principales promesas de campaña, Duterte aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte.

«Si te resistes y muestras resistencia violenta, mi orden a la Policía será disparar a matar. Disparar a matar contra el crimen organizado. ¿Habéis oído esto? Disparar a matar contra el crimen organizado», proclamó tras conocer su victoria.

«Voy a pedir al Congreso la vuelta de las ejecuciones por ahorcamiento» , anunciaba el dirigente en rueda de prensa en su confirmación como mandatario, con su intención de reintroducir la pena capital en el país asiático (abolida en 2006).

El análisis socioeconómico de los afectados en el pasado por la pena capital, no obstante, también arroja serias dudas. Por ejemplo, el 73% de los 1.121 presos en el corredor de la muerte en Filipinas hasta su abolición en 2006 contaba con unos ingresos inferiores a los 10.000 pesos (cerca de 192 euros) mensuales.

Vale la pena recordar la jurisprudencia sentada en el histórico caso del preso Efren Mateo, donde el Tribunal Supremo reveló en 2004 que el 71% de las sentencias de muerte dictadas por los tribunales de primera instancia se impusieron injustamente.