La OEA comenzará hoy una auditoria de los resultados de las elecciones en Bolivia, que será vinculante

La OEA comenzará hoy a revisar con lupa el escrutinio y si llega a la conclusión de que se adulteró el resultado, Morales dio su palabra de que se someterá a una segunda vuelta. «La auditoria –con observadores internacionales incluidos de España– se concentrará en en las elecciones del 20 de octubre y etapa posterior», anunció el ministro de asuntos exteriores, Diego Pary .

Pero el anunció llega tarde para la gente que se resiste a abandonar las manifestaciones. La Paz, Santa Cruz (motor económico de Bolivia) y Cochabamba son los enclaves donde se registraron en las últimas horas las escenas más violentas. La cifra de heridos y muertos desde que estallaran las movilizaciones se desconocen ante la negativa del Gobierno a facilitar datos oficiales. No cesan los lanzamientos de «cachorros» (un terció de cartucho de dinamita), disparos con balas reales, incendios y enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad o los bloques sociales que secundan a Morales.

A pesar de que el presidente boliviano ha aceptado la auditoria, no lo ha hecho su contricante, el expresidente Carlos Mesa, que la rechazó ayer a través de un comunicado que colgó en su cuenta de Twitter. «Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente». La auditoría pactada entre la OEA y el «candidato del MAS (Movimiento al Socialismo)», en alusión a Morales, «no ha consultado ni al país, ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado» por el órgano electoral, sostiene la nota. Tampoco tuvo en cuenta «la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso», agrega.

La auditoria era una de las demandas de Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, pero la gente ya no confía ni en la palabra de Evo Morales ni, con los ojos cerrados, en el trabajo de la OEA. El origen de sus suspicacias se encuentra en la decisión del secretario general, Luis Almagro , de convalidar la cuarta candidatura presidencia de Evo Morales pese al resultado en contra en el referéndum de hace dos años que convocó el propio presidente. La OEA aceptó el fallo del Tribunal Supremo Electoral y el Constitucional, bajo control del Gobierno, e ignoró, como Morales, el resultado del referéndum que prohibía al todavía presidente acceder a una tercera reelección.

La OEA y la Unión Europea advirtieron las irregularidades detectadas durante todo el proceso electoral previo, el mismo día de la votación y después del 20 de octubre, día de la votación. La OEA llegó a difundir un comunicado donde recomendó una segunda vuelta aunque el recuento le diera la victoria a Morales (Movimiento Al Socialismo). Los resultados oficiales le concedieron el 47,08% de los votos, apenas un 0,57% de margen para evitar un balotaje con el expresidente Carlos Mesa

Urnas «preñadas», actas falsificadas, manipulación de sufragios y una lista donde se reflejan diferentes modos de «trampear» las elecciones se dieron a conocer por los votantes en diferentes puntos de Bolivia. También se difundieron vídeos con episodios similares pero el mayor escándalo fue el que se produjo la misma noche de la votación. El TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) o recuento rápido, se interrumpió sin explicaciones durante casi 24 horas. Cuando se retomó, la tendencia, que antes garantizaba un balotaje, había cambiado y Evo Morales estaba en cabeza sin necesidad de una segunda vuelta. Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Superior Electoral presentó su dimisión, la gente se echó a las calles y Carlos Mesa llamó a movilizaciones permanentes. Morales dejó pasar los días y finalmente, se proclamó vencedor. El anunció echo más leña al fuego de las protestas que no cesan.

El acuerdo con la OEA, según el canciller boliviano, incluiría la fiscalización del cómputo de votos, verificación de actas electorales, recuento y la cadena de custodia del material de votación.

En este contexto, el senador Yerko Nuñez , presentó documentación donde presuntamente se demuestra que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque , ordenó que se suspendiera la transmisión de las actas electorales del sistema TREP, origen de la polémica. De acuerdo a su denuncia, ordenó cortar la energía eléctrica, señal de internet y el teléfono de la empresa que hacía el escrutinio.

En rueda de prensa anunció: «El día domingo 20 de octubre, Marcel Guzmán de Rojas (gerente de la empresa Neotec) recibió una llamada a horas 20:15 ordenando suspender el TREP y convocando a una reunión en San Jorge. ¿Quién llamó a Marcel? Nada más ni nada menos que María Eugenia Choque, quien en el altavoz del teléfono dijo que estaba en presencia de todos los vocales a excepción de Antonio Costas (el que dimitió). Para asegurarse que el gerente general de Neotec cumpla la orden de Choque le cortaron el internet pero no solamente el internet, sino la luz y le cortan el teléfono».