China dobla las condenas por terrorismo y refuerza la censura en internet

La represión también se ha reforzado en el ámbito judicial. A tenor de los datos del Tribunal Supremo presentados este domingo a la Asamblea Nacional, el año pasado fueron condenadas más de 1.400 personas por terrorismo y actividades separatistas, el doble que en 2014. La represión se ha agudizado en las levantiscas regiones del Tíbet y Xinjiang, esta última de mayoría musulmana y donde cientos de personas han muerto en los últimos tiempos en atentados y enfrentamientos con la Policía. «El año pasado incrementamos nuestros esfuerzos para luchar contra quienes instigaron actividades secesionistas y dirigieron, organizaron o participaron en grupos terroristas que difundieron vídeos y mensajes subversivos», explicó el presidente del Tribunal Supremo, Zhou Qiang, ante la Asamblea, el Parlamento orgánico del régimen chino donde la mayoría de sus 3.000 diputados pertenecen al Partido Comunista.

Según la memoria del Tribunal Supremo, 1.084 personas fueron condenadas por «violentos delitos terroristas» y otras 335 por «poner en peligro la seguridad nacional», un concepto tan amplio que, a tenor de los grupos defensores de los derechos humanos, sirve para silenciar a los disidentes y críticos con el régimen .

El año pasado, las autoridades chinas lanzaron una agresiva campaña encarcelando a decenas de activistas políticos y abogados especializados en defender a disidentes, algunos de los cuales fueron forzados a confesar sus delitos en televisión tras permanecer durante meses aislados y sin contacto con sus familias.

Con un porcentaje del 99,92 por ciento, la ratio de condenas es tan alta en China que despierta algo más que dudas sobre su sistema judicial. Recientemente, el descubrimiento de numerosas condenas erróneas por confesiones forzadas ha puesto en evidencia los abusos y torturas que sufren los detenidos durante los interrogatorios policiales. Algunos casos han provocado una auténtica conmoción social porque los condenados habían sido incluso sentenciados a muerte.

Para este año, Zhou Qiang prometió que «los tribunales implementarán bien las leyes sobre la seguridad del Estado y castigarán severamente a los terroristas y secesionistas». Con dicho objetivo, el régimen aprobó el año pasado su primera ley antiterrorista y otra de seguridad que despiertan recelos por los amplios poderes que otorgan a la Policía. Esta nueva regulación refuerza los controles del régimen sobre internet y restringe la información, ya que obliga a las empresas tecnológicas a desvelar sus claves de encriptado si la Policía se lo pide y prohíbe difundir noticias e imágenes de incidentes terroristas para impedir su imitación.