Chile: cómo arruinar un modelo con más luces que sombras

La noticia de que lo ahorrado para su jubilación no será heredable no gustó a los chilenos. Al día siguiente, Boric corrigió al senador: «Se equivocó, no estaba al tanto del proceso de actualización de nuestro programa». Ni Latorre estaba al tanto ni nadie más porque hasta hoy, superada la elección que Boric ganó con la máxima votación de un presidente tras el retorno de la democracia, no se conocen los detalles.

El sistema chileno de pensiones lo creó en 1980 el economista José Piñera , ministro de Augusto Pinochet y hermano del actual presidente, y es de capitalización individual obligatoria. Los trabajadores cotizan un 10% de su sueldo en una cuenta de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que eligen en un mercado competitivo (en España se cotiza un 28,3% al Estado). El mercado laboral en Chile lo forman 9,1 millones de trabajadores de un total de 19 millones de habitantes. Hay 11 millones con cuentas en el sistema. De ellos, 5,7 millones cotizan regularmente. Sus ingresos promedio son de un poco más de 1.100 euros. Las personas que quieran ahorrar más del 10% obligatorio, pueden hacerlo y gozan de beneficios fiscales. Los chilenos saben que su jubilación depende directamente de su capacidad de ahorro.

En 40 años, la rentabilidad del sistema ha sido extraordinaria. De cada 100 pesos que tienen hoy los cotizantes en sus cuentas individuales, 30 son fruto de su ahorro y 70 de la rentabilidad acumulada. En diciembre de 2019, antes de la pandemia, los chilenos tenían casi 200.000 millones de dólares en fondos para jubilar, un 70% del PIB de su país.

Pero el sistema tenía agujeros y nadie se ocupó de corregirlos. El primero es que los autónomos han permanecido al margen del sistema, ahorrando por su cuenta y riesgo. Hasta 2018 no se vieron obligados a cotizar. El empleo informal y el desempleo causan vacíos en el historial de cotizaciones , lo que reduce la pensión. Además, hay problemas paramétricos. La cotización del 10% se estableció en 1980, cuando la esperanza de vida era de 69 años y se jubilaba a los 65 años. En 2019 la esperanza de vida era de 80 años y se seguía jubilando a los 65. ¡Hay que financiar 15 años con el mismo 10%! La diferencia en la edad de jubilación de hombres y mujeres hace que las pensiones femeninas sean más bajas.

Estos defectos no corregidos hicieron que la izquierda lanzara una campaña contra los fondos de pensiones , a los que se culpó de generar pensiones muy bajas. El Estado, entonces, decidió crear una pequeña seguridad social paralela financiada con impuestos llamada ‘pilar solidario’ que concede pensiones a quien no ha cotizado y un complemento a quienes, habiendo ahorrado, tienen pensiones muy bajas.

Pero la campaña contra el sistema continuó. Desde su creación no gustó a los partidos de centro-izquierda que se oponían a la dictadura militar. Entre 1924 y hasta 1980, Chile tuvo un sistema de pensiones de reparto similar al europeo. Era ineficaz y corrupto como denunció el democristiano Eduardo Frei en el Congreso en 1968: «Hay dos mil leyes sobre previsión (jubilación) en Chile. Piensen ustedes lo que eso significa… Sin embargo, el Ejecutivo no tiene medios para pagar esta monstruosidad. En cada grupo de previsión hay leyes con nombre y apellido». En esa época, Chile gastaba el 18,1% de su PIB en pensiones (España hoy dedica el 12%).

Frei se refería a que cada estamento profesional había conseguido, mediante sus conexiones políticas, mejores condiciones para jubilar que el resto de los chilenos. Los poderosos notarios y secretarios judiciales, por ejemplo, tenían 27 leyes específicas que mejoraban sus pensiones. Hasta los trabajadores del Club Hípico, al que acudían muchos políticos, tenían normas especiales para jubilar.

La izquierda radical nunca aceptó el nuevo sistema. Veía en él reflejado el ‘capitalismo popular’ de Margaret Thatcher . Que los trabajadores se beneficiaran de su propio esfuerzo mediante el mercado les parecía un acto de canibalismo. Se manipularon estadísticas sobre la eficacia del sistema que fueron replicadas sin criterio por la prensa mundial. Se divulgaron testimonios dramáticos de personas que se quejaban de cobrar poco, pero que no habían cotizado al sistema. El mensaje era que el dinero ahorrado había sido robado o usado para especular.

Durante la pandemia, el Congreso chileno acabó con la noción de que el ahorro para jubilar era intocable hasta la jubilación. Permitió que se hicieran tres retiros, cada uno por el 10% del capital ahorrado, que sumaron 50.000 millones de dólares. La iniciativa partió de un grupo de diputados que querían erosionar el sistema de capitalización, pero tuvo el efecto contrario: los chilenos se dieron cuenta de que el dinero que estaba en sus fondos no había desaparecido y que era suyo y no del Estado. Si en julio de 2020 el 56% de los chilenos sabían que los fondos eran de su propiedad, en julio de 2021 el porcentaje se elevó al 84%. La idea de la propiedad privada del ahorro para jubilar salió fortalecida. La mortalidad de la pandemia, además, puso de manifiesto otro factor: si los cotizantes fallecen y no han agotado los fondos, pueden dejarlos en herencia. Eso, como decía el senador Latorre, no es posible en un sistema de reparto porque el dinero cotizado ya es un mero apunte contable cuando entra en la caja del Estado que lo usa para pagar la pensión de otra persona.

El sistema de capitalización ha tenido dos grandes ventajas para Chile: en primer lugar, la pensión de la mayoría de los chilenos no depende de las decisiones de los políticos, sino del ahorro y el esfuerzo personal de cada uno. La política no manda sobre la vejez de los ciudadanos como sucedía antes de 1980 con las dos mil leyes «con nombres y apellidos» que denunciaba Frei.

En segundo lugar, el sistema de capitalización tiene un impacto macroeconómico relevante porque eleva la tasa de ahorro interno y la de inversión con el consiguiente efecto sobre el crecimiento y el empleo. Además, la capitalización individual tiene la ventaja de que libera a las cuentas públicas de la gestión y los déficits que plantean las pensiones (en España suponen un tercio del gasto presupuestario). Tuvo además otras consecuencias positivas: desarrolló el mercado de capitales, indujo mejoras en el gobierno corporativo de las empresas, activó la industria de los seguros y dotó de profundidad financiera al país (Corbo y Schmidt-Hebbel, 2003). Un 4,62% del PIB de Chile en el año 2001 era fruto recurrente del sistema de capitalización. Por estas razones, la implantación de un sistema de reparto es la reforma de Boric que puede cambiar a Chile. Ni sus planes de intervención económica para crear un Estado empresario, ni sus nuevas restricciones a la inversión minera, ni su objetivo de gastar más en Sanidad o Educación, ni sus políticas identitarias podrían provocar «un cambio cultural» tan profundo, como admitía el senador Latorre.

El problema es que el Estado no tiene recursos para crear una Seguridad Social ambiciosa. Por eso, los partidos de izquierda piensan que deben nacionalizar los fondos de pensiones de los trabajadores, un robo en toda regla como hizo Cristina Kirchner en Argentina en 2008. Hoy, el rechazo de los chilenos a esa alternativa es fuerte. Por eso Boric reprendió a Latorre. Y lo cierto es que, tal como quedó configurado el Parlamento, un intento de nacionalización no prosperaría. Pero tiene cuatro años por delante y un camino alternativo para lograrlo, con un coste bajo para su gobierno, que es cambiar el sistema a través del nuevo texto constitucional que propondrá en el curso de 2022 una Convención trufada de radicales. Ahora mismo, el destino de Chile depende del liderazgo de Boric sobre esa izquierda que lo llevó al poder .