El chavismo exige un acta de buena conducta para ir a las elecciones

Precisamente, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió el jueves participar en los comicios regionales. Pero Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con su insólito requisito puso nuevas trabas a los aspirantes de la MUD. En su programa de televisión «Con el mazo dando», advirtió de que «el que quiera ir (a elecciones) debe tener un certificado de buena conducta de la Asamblea Constituyente» que diga «usted nunca llamó a quemar Venezuela». Cabello argumenta que esta exigencia forma parte de la ley de la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo supuesto objetivo es señalar a los responsables de la «violencia política».

El número dos del chavismo, que reclama para los candidatos opositores un certificado de buena conducta, ha sido vinculado al cartel de los Soles por la agencia antidrogas estadounidense DEA. Y la Asamblea Constituyente, que emitirá estos certificados, ha sido rechazada por «ilegítima» por Europa, EE.UU. y las democracias de Iberoamérica.

La MUD, por su parte, rechaza la exigencia de esa «carta de buena conducta» y ha decidido preinscribir a sus candidatos en los 23 estados y apoyar a los aspirantes de la oposición en los 7 estados en los que fueron vetados. En los estados de Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo la MUD no podrá presentarse como tal. Pero sí podrá inscribir a candidatos por otros partidos asociados. La alianza opositora también desconoce a la Constituyente por «fraudulenta» , por lo que tampoco reconoce su exigencia de una «carta de conducta».

Cabello pronostica un largo mandato para la Constituyente. En principio, sus 545 miembros han indicado que tienen un plazo de dos años para redactar una nueva Carta Magna , que coincide con el final de mandato de Nicolás Maduro (diciembre de 2018). Sin embargo, Diosdado Cabello alarga la vida de la Asamblea Constituyente a «cuatro o seis años».

Mientras los constituyentes sueñan con prolongar su mandado indefinidamente, los alcaldes de la oposición son sometidos a la peor cacería política jamás vista en Venezuela. El opositor David Smolansky, alcalde de El Hatillo, fue destituido y condenado a 15 meses de cárcel por no acatar el fallo del Supremo, que le ordenó prohibir las barricadas en su municipio. Tras una audiencia de más de cuatro horas, en la que el político de Voluntad Popular estuvo ausente, el alto tribunal informó de que la Sala Constitucional «declaró el desacato por parte del ciudadano David Smolansky». Se trata del quinto alcalde de la oposición contra el que el Supremo venezolano dicta medidas de privación de libertad en las últimas dos semanas, y el duodécimo en los últimos tres años.