Bolsonaro recalibra su agenda liberalizadora por el Covid y las elecciones de 2022

En realidad, nunca fue convincente su compromiso personal con la liberalización; de hecho, la época de la dictadura militar que a veces alaba fue ejemplo de justamente lo contrario: participación estatal en miles de empresas, altos aranceles y protección de determinados sectores. Así que, sobrevenida la crisis por Covid-19, Bolsonaro ha comenzado a orientarse hacia el populismo económico .

No se trata de algo exclusivo de Brasil, pues ese giro constituye el actual «zeitgeist»: el mundo está pasando de una era de «laissez faire» a otra de dirigismo económico, del Consenso de Washington instalado en la década de 1980 a lo que algunos han bautizado como el «Consenso de Buenos Aires» (el histórico corporativismo argentino siempre se llevó la fama, pero Brasil tuvo en gran parte de la segunda mitad del siglo XX una economía tan cerrada como la de Argentina).

El anuncio de Bolsonaro a mediados de febrero –hecho en Facebook– de no querer seguir contando con Roberto Castello Branco como máximo ejecutivo de la compañía petrolera estatal, Petrobras, y de sustituirlo por el general retirado Joaquim Silva e Luna, sin ninguna experiencia en el sector de hidrocarburos, ha sido todo un símbolo. Bolsonaro nombró a Castello Branco nada más llegar al poder, en enero de 2019, con el encargo de poner orden financiero en la compañía e imprimirle una cultura de competitividad y eficiencia. Sin embargo, el celo del alto ejecutivo está siendo contraproducente para las aspiraciones electorales de Bolsonaro, pues su negativa a vender gasolina para consumo interno a un precio inferior al del mercado (el país tiene pocas refinerías y debe importar ese producto) se enfrenta al programa de Bolsonaro de paquetes de ayuda económica para las clases medias y pobres.

En su gestión, Castello Branco ha logrado récords de producción petrolera. Siendo ya líder en Latinoamérica –por el hundimiento de la venezolana Pdvsa y los problemas de Pemex que López Obrador no ha resuelto­–, en 2019 Petrobras sobrepasó a la producción de Kuwait y en 2020, con 2,94 millones de barriles diarios de media, a la de Emiratos Árabes Unidos, que es el tercer productor de la OPEP. Pero además ha reducido un tercio de la deuda que había acumulado la compañía durante las presidencias del Partido de los Trabajadores, precisamente por la política de subvencionar la gasolina en el mercado nacional: entre 2011 y 2016, el precio subvencionado por Lula da Silva y Dilma Rousseff supuso un coste para Petrobras de 30.000 millones de dólares. La nueva gerencia bajó la deuda neta de los 96.000 millones de dólares de finales de 2018 a 63.000 millones a finales de 2020. Esto, junto con el reparto de dividendos por tercer año consecutivo, en momentos no especialmente boyantes para el sector en el mundo, suponía un gran atractivo internacional para Petrobras.

La decisión de Bolsonaro de poner a un militar al frente de la compañía, con el probable objetivo de que aplique su deseo de vender combustible con pérdidas (con la vista puesta en el electorado y también en el poderoso sindicato de transportistas, cuyas protestas paralizaron el país en 2018), fue acogida de inmediato en una fuerte caída de Petrobras en la bolsa: el 22 de febrero sus valores descendieron un 21% (una pérdida de 18.000 millones de dólares). A comienzos de marzo cuatro directores de la compañía anunciaron que prefieren marcharse también y no optar a una renovación en sus puestos, ya que Castello Branco tampoco renovará por otros dos años, como hasta ahora se daba por hecho. El cambio en la cúpula debe producirse el 20 de marzo.

A pesar de que el superministro de Economía, Paulo Guedes, el gran fichaje de Bolsonaro del sector privado para impulsar la liberalización, ha negado cualquier giro de política, lo cierto es que la enorme incidencia de la pandemia en Brasil ha cerrado la ventana de tiempo para llevar a cabo las reformas. El mal manejo de la crisis sanitaria –inducido por el «negacionismo» del propio presidente– no ha hecho más que jugar en contra de lo que era su agenda estrella. Ciertamente Bolsonaro pudo ejecutar algunas de sus promesas al comienzo de su mandato, como una reforma de las pensiones que, sin ser lo radical que inicialmente pretendía, supuso un claro avance. Pero medidas impopulares como esa son a partir de ahora difíciles de adoptar , con el sistema político pensando ya en las elecciones generales de octubre de 2022.

Estos días Brasil está sufriendo la mayor cifra de muertes diarias por Covid-19, casi dos mil, en medio de una pandemia que ha supuesto hasta la fecha 265.411 muertes y más de 11 millones de contagios, lo que sitúa al país en el segundo y tercer puesto, respectivamente, con mayor incidencia en el mundo.

Para hacer frente a las necesidades de la población, Bolsonaro ha llegado a distribuir cheques de hasta 120 dólares mensuales entre los hogares con menos ingresos; eso ha supuesto al Estado un gasto adicional de unos 10.000 millones de dólares en algunos meses. La consiguiente debilitación de las finanzas estatales aboca a la necesidad de ingresos inmediatos, situando en el horizonte una mayor presión fiscal.

En esta situación, Bolsonaro parece refugiarse aún más en los militares, que ya suponen nueve de los 21 ministros, así como 2.500 cargos en toda la administración pública. Ahora también un militar pasará a controlar Petrobras, sembrando dudas de si ese control político más directo sobre uno de los principales ingresos que tiene el Estado podrá además llevar a una situación de corrupción como la vista en las últimas décadas.