La Justicia británica concede a Assange una última instancia ante el Supremo

Los jueces londinenses han tomado en consideración «la importancia pública» del proceso de extradición de Assange a Suecia, donde está acusado de cuatro delitos sexuales, y le han abierto una última puerta dentro de la jurisdicción británica para plantear el principal argumento de su defensa: que la Fiscalía sueca, autora de la orden de extradición europea contra el australiano, no constituye una «autoridad judicial» independiente, como exige la legislación europea.

« El Tribunal Superior ha decidido que esta cuestión derivada de mi propio caso es de una importancia pública general y puede servir en otros casos, por lo que debe ser oída por el Supremo», ha explicado Assange a la salida de los juzgados londinenses donde ha discurrido la vista. El activista australiano se enfrenta a un cargo de violación y tres de agresión sexual, después de las quejas de dos mujeres suecas con las que tuvo relaciones sexuales en agosto de 2010. Su abogado, Claes Borgstrom, ha explicado esta mañana que «a estas alturas, [las dos mujeres] ya se resginan, pero es duro para ellas tener que esperar un poco más».

El líder de Wikileaks, que el jueves pasado presentó en Londres la nueva campaña del grupo contra la industria del espionaje electrónico, ha defendido siempre que aquellos encuentros sexuales fueron consentidos. «No soy un violador ni un machista», dice Assange en su biografía . Pero su posible extradición a Suecia abriría un escenario legal complejo por la fuerte protección que recibe en la legislación del país nórdico la libertad sexual de las mujeres.

La decisión de la justicia británica se produce diez días antes de la primera vista judicial en el caso Bradley Manning , el soldado estadounidense acusado de facilitar el material clasificado de los departamentos de Defensa y de Estado con el que Wikileaks protagonizó las tres grandes filtraciones de 2010. Manning lleva bajo arresto en prisiones militares desde mayo de 2010, y el próximo día 16 sus abogados defensores tendrán la primera oportunidad en todo este tiempo para explicar su punto de vista.

Según ha trascendido, su defensa quiere llamar a declarar a unos 50 testigos en este primer momento del proceso. El soldado se enfrenta a al menos cinco cargos de robo de documentos bajo la Ley de Espionaje , que contempla fuertes penas de cárcel e incluso la pena de muerte, una opción que los fiscales militares ya han descartado.