Las opciones legales del líder de Wikileaks

Esta es una de las cuestiones que explora Borja Bergareche , corresponsal de ABC en Londres, en un libro publicado esta semana y titulado « Wikileaks confidencial. Periodismo, secretos y filtraciones en la era digital » (Anaya, 2011). En uno de sus capítulos, el periodista analiza con distintos expertos los posibles escenarios legales que esperan a Assange, después de que dos instancias judiciales británicas -un juez en primera instancia en febrero y un tribunal de apelación este mismo mes - hayan establecido la procedencia de su extradición a Suecia, solicitada por las autoridades del país nórdico mediante una orden europea de arresto.

Uno de los principales motivos de preocupación de la defensa de Assange es la posible ventana legal que podría llevar a una extradición temporal del líder de Wikileaks desde Suecia a Estados Unidos. Según el entorno de Assange, existe un mecanismo de «entrega temporal», recogido en el acuerdo bilateral de extradición entre EE.UU. y Suecia y en el acuerdo marco entre EE.UU. y la UE, que podría ser empleado para enviar al activista a suelo estadounidense si prospera su extradición a Suecia. «Estados Unidos parece haber insertado un mecanismo de facto de extradición exprés que sortea las salvaguardas tradicionales», explican en la página web de su defensa .

Este escenario ocurriría, en todo caso, si el próximo 5 de diciembre el mismo tribunal de apelación que juzgó su recurso decidiera no concederle la posibilidad de una última oportunidad ante el Tribunal Supremo (o si, en el caso de que se la concedan, el Alto Tribunal fallara en su contra). En Suecia le esperaría un juicio por cuatro delitos sexuales, una acusación grave que conduciría a su ingreso automático en prisión, sin fianza, en el momento en que pisara aquella jurisdicción.

En EE.UU., por el contrario, la investigación de las autoridades federales se centran en su papel en las filtraciones masivas de documentos clasificados de los departamentos de Defensa y de Estado en 2010. El fiscal general aprobó la creación de un Gran Jurado en el estado de Virginia, una peculiar instancia que determina en secreto si las autoridades tienen suficientes indicios probatorios para presentar cargos. Su existencia supone una amenaza permanente para Wikileaks, sobre todo a tenor del contexto de histeria que provocaron las mega filtraciones del año pasado entre parte del «establishment» de Washington DC, y que llevaron al vicepresidente, Joe Biden , a calificar a Assange como «terrorista high-tech».

«El procedimiento es muy serio, han llamado a muchos testigos, y en la Administración están nerviosos. El gran jurado fue iniciado por el departamento de Justicia pero, dada su naturaleza secreta, no sabemos con certeza qué base legal emplean para investigar a Wikileaks. Parece que están explorando una serie de opciones, entre las que seguro figura la Ley de Espionaje», una anacrónica ley de 1917 que nunca ha sido empleada para perseguir a quien no sea un funcionario público, explica Ben Wizer, abogado de la Liga Americana de Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), en el libro de Bergareche.

En el frente natal, la publicación a principios de septiembre de la totalidad de los más de 250.000 cables clasificados robados al departamento de Estado llevó a la fiscalía australiana a abrir su propia investigación sobre Wikileaks por un posible delito de revelación de la identidad de un agente de la inteligencia australiana.

Este triple acoso legal a Assange, por causas relacionadas con las actividades de Wikileaks, pero también su vida privada, dibujan un panorama negro para un activista con una agenda radical en contra de los secretos de los Estados y de las corporaciones que, como estrategia de defensa, se presenta como «director» de un «medio de comunicación» llamado Wikileaks. Un revestimiento periodístico de la naturaleza activista de este movimiento social pro transparencia con el que intenta acogerse a las garantías judiciales que los ordenamientos occidentales reservan para los medios de comunicación.

« Con esta estrategia -explica Bergareche- Wikileaks solicita en cierta manera el amparo legal a una industria periodística interpelada de nuevo , por tanto, por este nuevo actor de la comunicación, que pide ser aceptado como co-arquitecto del nuevo ecosistema de los medios junto con los "viejos" jugadores del noble oficio de la información», según concluye en el capítulo del libro que aborda las implicaciones legales del caso.