Alertan del recrudecimiento de la represión en Nicaragua para «acallar» a la oposición

Casi tres años después, el balance del estallido social es este: 328 muertos, 2.000 heridos, más de 100 presos políticos, 150 estudiantes expulsados de las universidades, más de 400 sanitarios despedidos y más de 100.000 personas que han tenido que salir del país (la mayoría a Costa Rica), entre ellos 90 periodistas. A pesar de estas cifras, son pocas las referencias que existen en la agenda internacional a lo que sucede en Nicaragua, si bien es cierto que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han aprobado sanciones contra militares, miembros del Gobierno y de la policía por los actos de represión. Pero esto no ha aliviado la represión, que ha bajado de intensidad en apariencia, pero que en la realidad se ha recrudecido gracias al «perfeccionamiento del aparato represor a través de nueva herramientas», como denuncia Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe hecho público este lunes.

«Nosotros ya publicamos otros dos informes anteriormente - 'Disparar a matar ' y 'Sembrando el terror' -, que se enfocaban en aquellos momentos de la crisis. En este lo que hacemos es profundizar en la situación actual: en cómo se han perfeccionado las tácticas, las estrategias; y también mostramos cómo la crisis de Derechos Humanos continúa», explica a ABC la abogada especializada en Derechos Humanos e investigadora de AI, Ingrid Valencia , responsable de este informe titulado: «Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua».

En el informe se detallan tres nuevas herramientas, algunas de las cuales se han «perpetuado en el tiempo, pues fueron implementadas en momentos previos o iniciales de la crisis. Y otras que son más nuevas», explica Valencia. Entre las que se han perpetuado se encuentran las detenciones arbitrarias (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018 fueron detenidas de forma arbitraria 1.614 personas), que se implementaron desde el comienzo de la crisis, «pero que no han cesado. Continúan. Y más de 100 personas están detenidas por ejercer sus derechos, por lo que sigue estando vigente el llamamiento para la liberación de los detenidos».

Esta sería una de las estrategia utilizadas por el régimen de Ortega, pues ni siquiera la pandemia ha frenado que se siga produciendo. De hecho, según el informe, a lo largo de 2020 fueron excarcelados más de 6.000 presos por miedo a que se propagara el virus en unas cárceles hacinadas en las que no se aplicaban los protocolos contra el Covid-19 (como la utilización de test). Esta medida no afectó, sin embargo, a aquellas personas detenidas por motivos políticos, ya que tan solo cuatro de los 80 presos por esa razón fueron excarcelados. «Esto muestra un trato diferenciado entre las personas detenidas por ejercer sus derechos o activistas y el resto de la población carcelaria. Para los activistas, las pruebas sanitarias son prácticamente inexistentes, y en un contexto de pandemia se encuentran aún más vulnerables», señala la abogada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de 41 presos políticos que se encontraban en esta situación.

Otra variante incorporada al sistema de represión son los cargos a los que se enfrentan los opositores y activistas. «Las detenciones arbitrarias se siguen produciendo sin cumplir las garantías básicas, pero además, en las ultimas fases de estas detenciones, los cargos de los que son acusados han cambiado: son cargos vinculados con delitos relacionados con el tráfico de drogas, con la extorsión, el secuestro ...» Anteriormente, a los opositores y manifestantes se les detenía y se les acusaba de delitos como el terrorismo (en septiembre de 2018 el Gobierno aprobó una ley contra las manifestaciones que llevaba implícita esa acusación). Se ha pasado así de acusar con cargos de perfil político a cargos por delitos comunes, con el objetivo, según Valencia, de «dañar la reputación de las personas activistas».

El informe recoge varios casos relacionados con esta estrategia, como el del joven Jhon Christopher Cerna Zúñiga , estudiante de 24 años que participó en las protestas de 2018 y que fue acusado en febrero de 2020 de tráfico de drogas en un juicio con nulas posibilidades de defensa, según sus abogados que continúan apelando su sentencia de 12 años de prisión. María Esperanza Sánchez García , activista política, corrió una suerte similar. Arrestada en enero de 2020, fue condenada a diez años de cárcel. Según su testimonio, recogido por AI en el informe, «los interrogatorios no tenían nada que ver con los delitos por los que la estaban acusando, solo le hablaban de cosas políticas, sobre con quién trabajaba políticamente, con qué opositores trabajaba, en eso enfocaba el interrogatorio, y amenazas contra la familia», relató una persona cercana a María Esperanza a la ONG. «Evidentemente, esta serie de delitos relacionadas con las drogas son utilizados como fachada», asevera Valencia.

Otro punto que preocupa a AI sobre las detenciones arbitrarias son las «condiciones en prisión». «Los reportes de las familias de los detenidos indican que hay limitación para la entrada de productos a la cárcel, como artículos de limpieza, algo muy preocupante en un contexto como la pandemia». A esto se suma la denuncia de violencia de otros presos, de guardias seguridad , o malos tratos y torturas cuando son llevados a celdas de máxima seguridad. «Celdas que son diseñadas evidentemente para presos de alta peligrosidad, pero que en el contexto de la crisis también sirven como zona de castigo para activistas».

La segunda táctica represiva del Gobierno de Ortega que aborda el informe es la aprobación de leyes para «acallar» a quienes le critican. «Ahí apreciamos un síntoma del recrudecimiento de la represión, se ve reflejado cómo colabora el poder legislativo para generar un ambiente hostil, de hostigamiento y amenaza. Esto se ha visto de diferentes maneras -explica Valencia-: uno, con la cancelación de registros legales de las organizaciones de derechos humanos, y con la destrucción reciente de organizaciones y medios de comunicación (como El Confidencial), así como con la aprobación de un paquete de leyes que se inició en octubre y que limita y pone en riesgo los derechos humanos», sostiene Valencia.

Estas leyes son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros , que afecta directamente a las ONG y que ya ha forzado el cierre de varias, entre ellas la fundación de la expresidenta Violenta Chamorro; la Ley de Ciberdelitos , que bajo el pretexto de evitar la propagación de «noticias falsas» reprime la libertad de expresión de aquellos que se muestran en desacuerdo o critican al Gobierno de Ortega. También se ha aprobado, en primera lectura, una reforma constitucional que permitirá la cadena perpetua , con un texto cuya «vaguedad» hace pensar en que podría ser utilizada contra opositores al régimen. La norma aprobada más recientemente es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz , que limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. «Todo esto es una pieza más para el obstáculo del ejercicio de derechos humanos. Y con ello se pone sobre papel una represión que se viene realizando contra las ONG y medios de comunicación». Así mismo retrata «claramente» la ausencia de la independencia de poderes en Nicaragua. «En el aparato legislativo el partido en el Gobierno es quien tiene la mayoría, con lo cual la aprobación de leyes ha sido un proceso muy expédito, a pesar de que organismos de derechos internacionales, como la CIDH o el Alto Comisionado han mostrado su preocupación cuando estas leyes estaban en discusión. Ahora se tiene un set de leyes para acallar a quienes critican las políticas del Gobierno».

La última estrategia que incorpora el informe de AI es la denominada como «muerte civil» y que se refiere a las «extremadamente difíciles condiciones» en las que viven las personas excarceladas, que siguen sufriendo hostigamiento, intimidación, amenazas, daño a su patrimonio y fuente de ingresos... «Muchos de ellos nos aseguraron que se sienten igual de presos, pero ahora en una prisión más grande. Que no se sienten parte de la sociedad porque no pueden tener una vida cotidiana normal», relata Valencia, para quien estas tácticas buscan «prevenir el activismo. Y castigar a quienes están vinculados con él. Intentan llevar una vida normal pero continúan siendo intimidados por estas prácticas represivas del Estado». A esto se añade el miedo a volver a ser detenidos después de salir de prisión. Un fantasma que sobrevuela sus vidas de manera amenazadora. «Hasta diciembre de 2020 había 31 personas que habían sido excarceladas y luego vueltas a detener. Ahí se ve la fragilidad de la excarcelación».

Todas estas tácticas represivas, reforzadas en los últimos meses, parecen tener como objetivo también disuadir a los opositores de hacer campaña contra el Gobierno o incluso acudir a las urnas el próximo mes de noviembre. «No es una coincidencia que este paquete de leyes se produzca en un contexto cercano a las elecciones, porque son leyes que limitan el ejercicio de derechos civiles y políticos».

El informe alerta además de que lo peor está aún por llegar. «Ese es el temor permanente -reconoce Valencia-. Ya en 2018 y 2019 pensábamos que habíamos visto lo peor, pero el Gobierno se empaña en superar las peores previsiones». Tras hacer varias recomendaciones -poner fin al hostigamiento por razones políticas, acabar con las detenciones arbitrarias y liberar a los presos, desmantelar a los grupos paramilitares, otorgar justicia, verdad y reparación a las familias de las víctimas-, el informe concluye con un llamamiento a la comunidad internaciona l: «Mantener firmemente en su agenda la crisis de derechos humanos de Nicaragua», así como que el Gobierno de Ortega «cumpla las recomendaciones del CIDH», y permitir a la ONG internacionales el acceso al país. «Desde AI queremos poner sobre la mesa que la crisis de DD.HH. en Nicaragua continúa y que sigue requiriendo la atención internacional. En febrero y marzo se llevan a cabo las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y lo que nosotros también estamos solicitando, llamando a los Estados miembros, es a renovar el mandato de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para que siga monitoreando la situación en Nicaragua. Y esperamos que la comunidad internacional en su conjunto siga pronunciándose y observando de cerca y llamando al Estado de Nicaragua a detener la represión», reclama Valencia. En un ambiente pre-electoral, esta abogada de DD.HH. e investigadora de AI para Centroamérica, considera necesario que «las voces internacionales pongan la mirada en lo que está sucediendo» en el país.