Amnistía Internacional acusa a Birmania de llevar a cabo un «apartheid» contra los rohingya

La situación de la minoría rohingya en este país se ha deteriorado dramáticamente desde agosto de 2017, cuando los militares iniciaron una brutal campaña de violencia contra la población que vive en las regiones septentrionales del estado de Rajine, donde se encuentra la mayoría de los rohingya. Esta campaña, lanzada en respuesta a ataques coordinados contra puestos de seguridad por parte del grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA), es ilegal y extremadamente desproporcionada, estima la ONG. En lugar de intentar llevar a los atacantes ante la justicia, se dirigió a toda la población Rohingya. Los más de 600.000 hombres , mujeres y niños han huido a Bangladesh, tras haber sido víctimas de todo tipo de torturas, violaciones y haber visto cómo los militares birmanos han quemado sus aldeas. Amnistía Internacional concluye en este estudio que las acciones militares llevadas a cabo contra esta minoría son crímenes de lesa humanidad.

«La respuesta de las autoridades fue separar a las comunidades, esencialmente segregando a los musulmanes del resto de la sociedad del estado de Rakhine», denuncia AI. Desde entonces, casi todos los aspectos de sus vidas han sido severamente restringidos, y durante cinco años sus derechos humanos -incluida la libertad de movimiento, la nacionalidad, la atención médica, educación, trabajo y alimentación adecuadas han sido violados sistemáticamente.

La premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi , líder de facto del país desde que su partido arrasó en las elecciones de 2015, ha sido duramente criticada por su indiferencia en lo que figuras como el irlandés Bob Geldof, un ícono de la ayuda humanitaria, han llamado «limpieza étnica». La semana pasada, Rex Tillerson, secretario de Estado de EE.UU., visitó Birmania tras la publicación de un informe que revelaba «pruebas de genocidio» contra los rohingyas en Rakhine, pero instó a no imponer sanciones al país. Desde Europa también se observa con cautela los acontecimientos.

Como apunta el estudio de AI, la mayoría de las instituciones del estado, a nivel municipal, distrital y estatal, están involucradas en la discriminación y segregación de la comunidad Rohingya y los musulmanes en general en el estado de Rajine. El régimen discriminatorio y excluyente descrito en este informe se ha institucionalizado por medio de numerosas leyes, reglamentos, políticas y prácticas. Amnistía Internacional ha concluido que estas leyes, políticas y prácticas forman parte de un ataque sistemático contra una población civil y que los crímenes cometidos dentro del contexto de este ataque constituyen crímenes de lesa humanidad según lo define el derecho internacional.

Incluso utilizar la palabra Rohingya en el país supone un problema para la clase dirigente, que se niega a emplear este término, al igual que una parte importante del país, afirmando que en Birmania no existen. En su lugar, se les llama «bengalíes», un término divisivo que implica que los rohingya son inmigrantes de Bangladesh o el peyorativo «kalar». Aung San Suu Kyi pidió a diplomáticos «abstenerse» de usar la palabra rohingya, y en su lugar referirse a ellos como «musulmanes que viven en el estado de Rakhine».

Las restricciones al movimiento y las políticas de segregación hacen que sea casi imposible para los rohingya y, en general, los musulmanes del estado de Rakhine puedan defender pacíficamente sus derechos y manifestarse. Aislados de gran parte del mundo exterior, aquellos que denuncian el estado de «apartheid» denunciado por Amnistía se arriesgan a ser arrestados y torturados u otros malos tratos. Además, se les denegó su derecho al voto en las elecciones de 2015 al no reconocerles la ciudadanía birmana. Esta exclusión también le llegó a los candidatos rohingya que querían presentarse. El resultado fue la privación política total de cientos de miles de rohingyas.

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan los rohingyas es el acceso a atención médica en un estado donde la calidad de hospitales y clínicas ya es en general precaria. Así, ha denunciado, los rohingya tienen prohibido acudir al hospital de Sittwe, la capital estatal, a recibir tratamiento y les instan a ir a Bangladesh. "La mayoría de la gente no puede pagárselo y terminan muriéndose", ha contado un testigo.

Fuera de Rajine, los rohingya tienen que acudir a «salas para musulmanes» en los centros de salud donde las condiciones son como las de un "hospital penitenciario" y donde en ocasiones se les exige el pago de sobornos para recibir atención.

«Negar a la población rohingya el acceso a la atención médica es aberrante; hablamos con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en condiciones insalubres, que correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en los hospitales», ha subrayado Anna Neistat.

También se han endurecido para los rohingya las restricciones al acceso a la educación desde 2012. Así, en buena parte de Rajine los niños rohingya ya no pueden acudir a las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del Gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas.

Por otra parte, la prohibición de reuniones de más de cuatro personas , que se aplica específicamente en las zonas de mayoría musulmana, supone en la práctica que los rohingya no pueden practicar de hecho su religión en grupo. Además, las autoridades han cerrado mezquitas.