Rohingyas, los parias sin derecho a voto en las elecciones de Birmania

Desde entonces, Hashim y su familia llevan ya tres años viviendo en una inmunda choza de bambú, sin luz ni agua, en un gigantesco campamento vigilado por el Ejército a las afueras de Sittwe, la capital estatal. Al igual que muchos otros refugiados, no ha sido registrado como «desplazado interno» por el Gobierno y, por tanto, no puede recibir la ayuda humanitaria que reparten la ONU y numerosas ONG para su supervivencia. Con esa cartilla de racionamiento que él ha solicitado varias veces sin éxito, cada persona recibe al mes 12 kilos de arroz, medio kilo de lentejas, un litro de aceite y leche en polvo. «No nos quieren registrar porque en nuestro pueblo respondimos a los ataques de los budistas», interpreta Hashim, quien vive de la caridad de los grupos islámicos.

Aunque nació hace 43 años en Birmania, el Gobierno le niega la ciudadanía porque, desde 1982, una ley promulgada por el dictador Ne Win no reconoce a los Rohingyas como uno de los 135 grupos étnicos del país. Los Rohingyas fueron traídos en masa a Birmania como mano de obra barata durante la época colonial británica, pero el Gobierno insiste en que son inmigrantes ilegales de Bangladesh, muchos incluso recientes. «En nuestros certificados de identidad, pasamos de ser Rohingyas a musulmanes de Birmania y luego, en los 90, solo ponían Islam o bengalí», se queja enseñando sus papeles. Aunque las autoridades le dieron en 2010 un carné de identidad temporal, se lo quitaron hace dos meses. Como a otros 750.000 Rohingyas – la mitad de la población de esta etnia en Birmania –, le privaban así del derecho a acudir a las urnas en las elecciones de mañana domingo. «Si pudiera, votaría a ˝La Dama˝ para que solucionara nuestro problema», asegura refiriéndose a la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que se ha pasado una década y media bajo arresto domiciliario por reclamar democracia y cuyo partido es el favorito en estos comicios, los primeros relativamente libres desde 1990.

Con pocas esperanzas en el resultado electoral, los Rohingyas siguen su mísera vida recluidos en 14 campos de cabañas de bambú que ya se han convertido en pueblos con tiendas, cantinas, escuelas y clínicas montadas por la solidaridad internacional, siempre escasa para atender semejantes emergencias. Entre caminos polvorientos plagados de baches, que se enfangan cuando llueve, los niños corren desnudos, los hombres ocultan su raquitismo bajo sus «longyi» (faldas) y las mujeres, con la cara pintada de amarillo por el tradicional maquillaje «thanaka», lavan la ropa en las fuentes construidas por las ONG. Con un gramófono del año de la polca que llevan sobre un triciclo, unos imanes de largas barbas rezan a Alá mientras reparten arroz de un saco que, irónicamente, luce el logo de la ayuda estadounidense (USAID).

«Aunque hay riesgo de radicalización, es mejor que los Rohingya continúen ahí y vivamos separados porque quieren islamizar Birmania», justifica U Shwe Maung, del Partido Nacional Arakan, que dirige el gobierno provincial gracias al apoyo de la etnia budista Rakhine. A pesar de las críticas internacionales al trato dado a los Rohingyas, este político local argumenta que «debido a la abundante población en Bangladesh, que es solo un tercio de Birmania pero tiene el triple de habitantes, tenemos miedo a que sigan viniendo y acaben ocupando nuestra tierra, extinguiendo nuestra nacionalidad y nuestra religión». De forma algo difusa, U Shwe Maung reconoce que «algunos de los confinados en los campos pueden haber nacido en Birmania», pero se excusa en que «deben seguir la ley de ciudadanía y ser escrutados para conseguir la nacionalidad». Un proceso del que, sin embargo, se desentiende porque depende del Gobierno central.

«¿Por qué estamos en esta prisión, sin que se respeten nuestros derechos, aunque hemos nacido en este país? ¡Solo porque somos musulmanes! ¡Esto es un genocidio silencioso!», protesta exaltado Noor Alom , de 20 años, quien incluso enseña la marca de la inyección en el brazo izquierdo con que vacunan a todos los birmanos de niños. El joven se desgañita en la última aldea del campo de refugiados frente a la bahía de Bengala. Hacinados en barcos herrumbrosos, de estas playas zarparon a principios del verano decenas de miles de Rohingyas tratando de emigrar ilegalmente a Tailandia y Malasia, que los rechazaron en alta mar. Abandonados por las mafias que se dedican al tráfico de personas, quedaron varados durante semanas sin comida ni agua en otra vergonzosa crisis de refugiados de la que ningún país se quería hacer cargo.

Meses antes, dos hijos adolescentes de Abu Kalam habían llegado en uno de esos buques a Malasia tras reunir en secreto 200 dólares cada uno, que pidieron a unos familiares. «Yo no sabía dónde estaban hasta que los traficantes me llamaron para reclamarme un rescate de 2.000 dólares por mi hijo, de 14 años. A mi hija, de 18, ya la habían vendido para casarla con un hombre», recuerda compungido este antiguo carpintero, que aún sigue pagando la deuda para recuperar a su muchacho. En caso de que no lo consiga, teme que su cuerpo acabe en una fosa común como las descubiertas en verano en la frontera entre Malasia y Tailandia, donde las redes de traficantes enterraban a los Rohingyas que no habían vendido o por los que no habían sacado ningún rescate. La vida de los Rohingyas, los parias de Birmania, se cotiza alta tras las vallas de su gueto, donde no vale nada.