Las amistades peligrosas de la expresidenta de Corea del Sur

Según reveló en octubre la televisión JTBC, que tuvo acceso a los archivos del ordenador de la «Rasputina», la confianza entre ambas era tal que esta llegó a corregir discursos de la presidenta Park y tuvo acceso a documentos secretos sobre las relaciones con Japón y Corea del Norte. Además, se aprovechó de su estrecha relación con la presidenta para «convencer» a las mayores multinacionales del país, como Samsung y Hyundai, de que «donaran» hasta 80.000 millones de won (casi 63 millones de euros) a dos fundaciones que ella misma dirigía.

Por tales hechos, el jueves arrancó el juicio contra el vicepresidente y heredero de Samsung , Lee Jae-yong, acusado de pagar unos 43.000 millones de won (35 millones de euros) a la presidenta Park y a su «Rasputina» para obtener el visto bueno del Gobierno a la fusión de dos sus filiales.

Con esta destitución, se agudiza la profunda crisis política, económica y social que sufre Corea del Sur desde que estalló este escándalo el pasado otoño. Con la sociedad dividida, millones de personas se echaron a la calle en diciembre para pedir la dimisión de la presidenta Park, quien se aferró al cargo e insistió en su inocencia pese a pedir disculpas por permitir que su amiga Choi se entrometiera en las labores del Gobierno. Pero se negó rotundamente a dimitir aunque solo lo quedaban unos pocos meses en el cargo, hasta las elecciones previstas en diciembre.

A pesar del escándalo, no es la primera vez que aflora la corrupción reinante en la economía surcoreana, dominada por los «chaebols» (corporaciones empresariales, como Samsung, LG, Daewoo y Hyundai, fundadas por poderosas familias). Prácticamente todos sus magnates se han visto salpicados por la corrupción. Lee Kun-hee, «patriarca» de Samsung, fue condenado dos veces por soborno y evasión fiscal. El presidente de Hyundai, Chung Mong-koo, a tres años de prisión por desfalco; y el de Daewoo, Kim Woo-chong, a diez por estafa. Los tres recibieron amnistías del Gobierno, pero ahora es la propia presidenta quien puede acabar entre rejas.