El dudoso precedente de los disidentes cubanos

El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se comprometió a acoger a 115 presos políticos y 650 familiares. Se trataba de disidentes condenados por la dictadura por sus actividades políticas. El Gobierno español suscribió un acuerdo con Cruz Roja y otras ONG para atenderlos, pero cuando llegaron a España empezaron los problemas. Algunos de ellos denunciaron que las autoridades españolas no cumplieron sus promesas de darles un trabajo y una vivienda y un grupo de ellos llegó a acampar frente a la sede de Exteriores en Madrid para exigir una solución.

Aunque la Oficina de Información Diplomática ha eludido comentar la suerte final que corrieron estas personas, ABC pudo saber que muchas de ellas optaron finalmente por marcharse a otros países, como Estados Unidos o Chile. Otras recurrieron a la solidaridad de parientes suyos ya instalados en España.

En teoría, a los extranjeros a los que España reconoce la condición de refugiado se les asegura el alojamiento y la manutención durante 6 meses, así como clases de español. El problema viene pasado ese plazo. Como les ocurrió entonces a los cubanos y más recientemente a un grupo de refugiados sirios que recibieron finalmente la ayuda del aristócrata Cayetano Martínez de Irujo, si no han encontrado un empleo, quedan abocados a la indigencia o a dejar España. El desafío para las autoridades españoles entonces como ahora es el de, no solo acoger, sino integrar a las personas desplazadas. De lo contrario, el asilo se convierte en poco más que una solución efímera al problema.