Sudáfrica prohibirá a los extranjeros la compra de terrenos

La nueva norma, que será aprobada “en breve por el Consejo de Ministros”, según afirmó el portavoz del presidente, será enviada al Parlamento este mismo año y prevé también un límite máximo de 12.000 hectáreas por propietario sudafricano, el equivalente a dos fincas agrarias. Pese a que sólo el 3 por ciento de la tierra está en sus manos, las empresas o ciudadanos extranjeros podrán únicamente obtener concesiones de utilización de terrenos por periodos de entre 30 y 50 años.

El anuncio de Jacob Zuma ha causado intranquilidad tanto entre inversores extranjeros como terratenientes sudafricanos, debido a que aún no está claro si las restricciones se limitarán a suelo agrícola o si además incluirán las propiedades urbanas. Tampoco se sabe con seguridad la manera en que el Gobierno adquirirá el excedente de tierra de aquellos que posean más de 12.000 hectáreas.

En declaraciones a SABC, la radiotelevisión pública del país, el ministro de Desarrollo Rural y Reforma de Tierras, Gugile Nkwinti, manifestó que los extranjeros podrán seguir comprando terreno residencial, y que el Ejecutivo pagará por el excedente de terreno a los ciudadanos sudafricanos, con lo que se descarta la expropiación sin compensación. “Compraremos la tierra y la distribuiremos”, afirmó el miembro del Gabinete.

Peggy Drodskie, directora en funciones de la Cámara de Comercio e Industria de Sudáfrica (SACCI), admitió la preocupación de la institución debido a la propuesta del Ejecutivo. La representante de los empresarios afirmó que numerosas compañías extranjeras -especialmente en el sector de la minería y la automoción- poseen sus propios terrenos y aún no se conoce si resultarán afectadas por la nueva norma. Drodskie aseguró que la medida puede desincentivar las inversiones extranjeras, en un momento en que el país necesita desesperadamente inversiones directas.

La reforma de la propiedad de la tierra en Sudáfrica, tradicionalmente en manos de los descendientes de europeos, es una de las piedras básicas de la nueva política de transformación económica del Gobierno de Jacob Zuma, presionado por el auge de la formación del líder Julius Malema, que ha logrado recoger la frustración de una gran parte de la juventud negra, excluida de los avances económicos y sociales de veinte años de democracia tras el régimen racista del apartheid.

Mientras que los Luchadores por la Libertad Económica de Malema llaman a la invasión de fincas desocupadas, el Ejecutivo busca nuevas fórmulas ante el fracaso de las medidas anteriores para la redistribución de la tierra. En su discurso ante el Parlamento, Jacob Zuma confirmó también la puesta en marcha de una prueba piloto en cincuenta granjas donde los trabajadores de las expropiaciones agrarias podrán obtener la mitad de la propiedad de las explotaciones en las que trabajan.

Las presiones del electorado del gubernamental Congreso Nacional Africano (CNA) ha despertado los temores de que las nuevas políticas conduzcan una desinversión en la industria agraria como ocurrió en Zimbabue en la pasada década cuando el Gobierno de Robert Mugabe autorizó la expropiación de granjas sin compensación a los granjeros blancos.

El resultado fue una drástica caída de la producción de alimentos y una crisis económica que llevó a una de las mayores devaluaciones de moneda de la historia y que solo empezó a remontar en 2009 con el cambio al dólar.

Las asociaciones de propietarios agrícolas sudafricanas han calificado las propuestas del Gobierno de «económicamente inviables» y han alertado de los problemas que puede causar a la seguridad alimentaria y a todo el sector.