La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en una imagen de archivo
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en una imagen de archivo - AFP

Acusan a Kirchner de encubrir a Irán en el ataque antijudío de 1994

El fiscal Nisman denuncia que la presidenta argentina «organizó la impunidad» del régimen de Teherán

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Alberto Nisman, fiscal encargado del atentado contra la institución israelí AMIA ocurrido en Buenos Aires en 1994, denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y a otros miembros del oficialismo como organizadores de una operación destinada a encubrir la responsabilidad de Irán en el ataque terrorista que dejó 85 muertos y más de trescientos heridos. Al mismo tiempo, Nisman ordenó investigar a las personas mencionadas y un embargo de 200 millones de pesos en el caso de la presidenta argentina.

«Decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán», es la frase con la que el fiscal resume el fin de un acuerdo bilateral impulsado en 2013 por el Ejecutivo de Cristina Fernández. Ya entonces fue considerado por las víctimas y la colectividad judía como una declaración de impunidad. Como resultado de aquella propuesta el Gobierno solicitó suspender las ordenes de busca y captura internacional de los iraníes involucrados en el atentado del 18 de julio de 1994.

La denuncia de Nisman habla de un «sofisticado plan delictivo» y de «maniobra» orquestada dos años antes de que el Congreso argentino aprobara el llamado Memorando de Entendimiento con Teherán. Para el fiscal no hay duda de que, además de la presidenta y el canciller, en la estrategia participaron Andrés «El Cuervo» Larroque, diputado nacional y miembro emblemático de la organización juvenil La Cámpora (fundada por Máximo Kirchner), el piquetero y ex funcionario del Gobierno Luis D´Elía y Fernando Esteche, líder del ambiguo movimiento revolucionario Quebracho.

«Yussuf», el intermediario

El fiscal, quien entre otras pruebas, aporta conversaciones telefónicas de los denunciados, advierte de que las instrucciones para desarrollar el plan las daba la presidenta a Larroque y éste se las transmitía a su vez a D´Elía y a Esteche. Los nexos que establecieron en Argentina o la correa de transmisión con el Gobierno iraní se habría producido por medio del diplomático Jorge Alejandro «Yussuf» Khalit.

Para Nisman el memorando o pacto con Irán respondió estrictamente a motivos económicos. Como en su día denunciaron diputados de la oposición, el intercambio consistía en conceder impunidad más «granos y carne» a cambio de recursos energéticos. En una de las escuchas a «Yussuf» que el fiscal incorpora en la denuncia, el diplomático le comenta a su interlocutor: «Los tipos quieren restablecer relaciones... A nivel Gobierno, te digo, a nivel Estado… Lo que tiene que ver con establecer relaciones entre los dos Estados… El tema que necesita Argentina es petróleo… hay un verdadero interés en empezar y entablar las relaciones comerciales de Gobierno a Gobierno».

«Urgencia energética»

En otra conversación grabada es D´Elía el que comenta: «Ahí hablé con Julio (De Vido, ministro de Planificación), acá hay urgencia energética». El piquetero traslada a Kalhil la conversación con el ministro. «Ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá. Está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne. La reunión fue porque la pidió la jefa, ¡eh!... Estamos al más alto nivel».

El pasado mayo, la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán y la ley que lo convalidó. Asimismo, ordenó que se reactivaran las ordenes de extradición y cooperación que se solicitaron durante la causa judicial.