Pekín apaga la revuelta de Hong Kong

La brutal represión de la concentración del 28 de septiembre, con los ya célebres aquí 87 botes de gas lacrimógeno lanzados ante pacíficos e indefensos manifestantes, marcó el inicio de una protesta masiva de gran parte de la sociedad de Hong Kong, y se demostró como una estrategia completamente errónea por parte de las autoridades. Desde ese momento Pekín tomó las riendas del conflicto y cambió su estrategia. El jefe ejecutivo CY Leung, blanco de las protestas, comenzó poco a poco a desaparecer de los medios, delegando toda relación con los estudiantes en Carrie Lam, su número dos. Las pocas declaraciones realizadas por los miembros del Gobierno fueron a partir de ese momento de perfil bajo. Ciñéndose al marco legal existente y pidiendo el fin de las protestas aludiendo al trastorno sufrido por ciudadanos y economía.

Según Brian Fong, profesor y antiguo miembro del Gobierno, la estrategia es clara. Se trata de encontrar un equilibrio entre no ceder a las pretensiones y evitar que el movimiento termine en un violento enfrentamiento y un eventual derramamiento de sangre. China no puede permitirse otro Tiananmen veinticinco años después.

El rechazo de las peticiones hechas por los manifestantes quedó patente desde el principio. Primero fue la negativa a dialogar, después el diálogo vacío y posteriormente el caso omiso de ambos gobiernos a las demandas de los representantes estudiantiles. En los tres casos quedó clara la estrategia de Pekín de cruzarse de brazos sin hacer la menor concesión. No hay forma de cambiar la «Ley Básica» y tampoco hay forma de que el Comité Legislativo del Partido Comunista modifique la decisión del 31 de agosto, por la que los candidatos a jefe ejecutivo en las elecciones del 2017 deberán ser elegidos por un comité controlado por Pekín.

Había que esperar, primero, a que se cansaran de estar en la calle, cosa que parece que no va a pasar. Y esperar, en segundo lugar, a que la ciudadanía se hartase de que sus calles estuvieran ocupadas, sus negocios cerrados y sus transportes públicos colapsados. Las recientes encuestas convenientemente hechas en lugares pro Pekín, como la Universidad China de Hong Kong, arrojan datos determinantes. El 70% de los encuestados están en contra de las protestas. Los casi dos millones de firmas conseguidas por la Alianza por la Paz y la Democracia de Hong Kong a favor de la Policía y de la liberación de las calles certifican que, inducido o no, ha habido un cambio en la percepción del conflicto por parte de una amplio sector de la población, que, no hay que olvidar, tiene importantes lazos personales y económicos con la China continental.

Y esperar, por último, a que los manifestantes cometiesen un error que legitimase una intervención policial. Como sucedió en la madrugada del pasado martes, cuando un grupo de violentos rompió con ladrillos y vallas metálicas la cristalera de la entrada del Parlamento. Aunque el ataque fue condenado por los líderes de los distintos grupos que encabezan las protestas, puede ser el hecho al que se agarre el Gobierno para una intervención. Hay dos mandatos judiciales que obligan a la liberación de las calles, y pocos en Hong Kong dudan de que lo sucedido esta semana acelerará su cumplimiento.