La Asamblea General ONU pide llevar ante la CPI los crímenes en Corea del Norte

El texto, impulsado por la Unión Europea y Japón, ha recibido 111 votos a favor, 55 abstenciones y 19 votos en contra, entre ellos, los de Rusia y China, dos países con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad.

En el caso chino, Pekín ya había advertido anteriormente su oposición a la idea de hacer responder a Pyongyang ante la Corte con sede en La Haya.

Entre los países que se han opuesto a la resolución figuran también los latinoamericanos Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, junto a otros como Irán, Siria, Egipto o Bielorrusia.

Antes de proceder a la votación, se ha rechazado una enmienda presentada por Cuba, que planteaba eliminar de la resolución la petición para que el Consejo refiera el caso de Corea del Norte a la CPI, la parte fundamental de una resolución de ocho páginas sobre el caso norcoreano.

El embajador cubano ante la ONU, Rodolfo Reyes, defendió en una intervención que la Corte está siendo usada políticamente por los países poderosos en contra de las naciones en desarrollo, un mensaje que respaldaron varias delegaciones como la sudafricana y la rusa.

Sin embargo, la propuesta de Cuba ha sido rechazada con 40 votos a favor, 77 en contra y 50 abstenciones.

Entre los países que apoyaron a La Habana en esa propuesta de modificación estuvieron Bolivia, Ecuador, El Salvador y Venezuela, mientras que otros que luego han votado «sí» a la resolución se abstuvieron anteriormente para la enmienda cubana, como Argentina, Colombia, Brasil o Guatemala.

La resolución aprobada por la tercera comisión de la Asamblea General sigue al informe publicado el pasado mes de febrero por una comisión de investigación de la ONU, en el que se documentaban pruebas de «masivas y sistemáticas» violaciones de derechos humanos en el país.

La investigación ha revelado evidencias de «exterminio, asesinato, esclavitud, desaparición forzosa, ejecuciones sumarias, torturas, violencia sexual, abortos forzosos, privación de alimento, desplazamiento forzoso de poblaciones y persecución por motivos políticos, religiosos, racionales o de género».

Según el detallado informe, hasta 120.000 prisioneros políticos están retenidos en cuatro grandes campos de trabajo, donde son privados deliberadamente de alimentos como forma de control y castigo y sometidos a trabajos forzosos.

Los autores de la investigación han conlcuido que las evidencias eran suficientes para llevar el caso ante la CPI, algo que sólo puede hacer el Consejo de Seguridad dado que Pyongyang no ha firmado el Estatuto de Roma para aceptar la jurisdicción del tribunal.

El presidente de esa comisión, el juez australiano Michael Kirby, escribió entonces al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, para advertirle que como máximo responsable del Estado debe asumir su responsabilidad sobre esos crímenes, incluso si no ha participado directamente en ellos.

Corea del Norte ha reiterado este miércoles sus críticas al informe y ha asegurado que no es «creíble», subrayando que los expertos nunca visitaron el país y basan sus conclusiones en testimonios de «desertores».

En las últimas semanas, y ante la amenaza de poder terminar ante la Justicia internacional, el régimen norcoreano ha iniciado una amplia campaña para defender la situación de los derechos humanos en el país.

Entre otras cosas, Pyongyang ha mostrado por primera vez en mucho tiempo su disposición a cooperar con la ONU y ha invitado a dos de sus representantes a visitar el país para analizar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

La resolución aprobada ha dado la bienvenida a ese paso y ha pedido a las autoridades norcoreanas que «continúen cooperando constructivamente con los interlocutores internacionales para promover mejoras concretas en la situación de los derechos humanos».

La Unión Europea, que como impulsora del texto ha dado la bienvenida a su aprobación, ha recordado en un comunicado que se trata de la décima ocasión en que la Asamblea muestra su preocupación por la situación en Corea del Norte y defendió la necesidad de que los responsables de los crímenes rindan cuentas ante la Justicia.