Sarkozy pide reformar la Constitución «a la española» para controlar el gasto

Sarkozy asegura: «El núcleo de los males de Francia es el gasto público. El gasto crea déficit. El déficit crea deuda. Si bloqueamos el gasto, bloquearemos el problema de fondo. Propongo que, en un plazo de cinco años, se prohíba al gobierno dedicar más del 50% del PIB al gasto público. Cualquier gobierno que llegue a ese techo se enfrentaría a la prohibición constitucional de aumentar la deuda o los impuestos. De ese modo, solo habría una solución: ahorrar».

Esta propuesta, de hecho, es una imitación de la reforma consitucional pactada en España en 2011 por el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, por la que se establecía el obligado equilibrio presupuestario a medio plazo. Aquel nuevo artículo constitucional establecía el «principio de estabilidad presupuestaria» por el cual «el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea». Hasta ahora, la UE impone como límite máximo del déficit el 3 por ciento del PIB.

¿Cómo imponer en Francia esa disciplina presupuestaria que han violado todos los presidentes de la República y todos los gobiernos de Francia desde 1978? La propuesta de Sarkozy es la siguiente: «La norma constitucional podría aprobarse en un referéndum nacional. Y, de ese modo, Francia estaría al abrigo de las derivas de izquierda o de derecha».

Tras esa reforma constitucional de gran calado –sugerida en muchas ocasiones por Berlín y siempre aplazada, por el mismo Sarkozy–, el expresidente estima que Francia sufre de varias disfunciones que deben resolverse de manera «rápida y enérgica». Señala en este sentido que, tras ser aprobadas en referéndum, podrían aplicarse otros cambios de gran calado sobre el estatuto de los funcionarios, la semana laboral de 35 horas o la reforma territorial que ha lanzado el presidente, François Hollande.

Uno de los más gravosos gastos del estado francés es la nómina y las pensiones de los funcionarios. Y para atajar esa deriva, Sarkozy propone revisar el estatuto de los funcionarios y reducir su número. Durante su mandato (2007–2012) se suprimieron unos 150.000 puestos en la Administración. Pero continuó creciendo el número de funcionarios en las regiones. A juicio de Sarkozy es «imprescindible» que al menos la mitad de los puestos de trabajo de funcionarios que se jubilan sean amortizados.

Otra reforma pendiente desde hace años es el mercado del trabajo y la semana laboral de 35 horas. En este terreno, el expresidente no tiene soluciones «mágicas». Parte de este principio: «Francia necesita trabajar más». ¿Cómo conseguirlo? «Dejando que empresas, trabajadores y sindicatos negocien nuevos acuerdos que no sean coercitivos y permitan trabajar más para ganar más».

A caballo entre el control constitucional del gasto y la reforma del trabajo, se encuentra la fiscalidad. Sarkozy no cree en una solución puramente «nacional». A su modo de ver, sería necesario negociar una «gran armonización fiscal con nuestros principales vecinos y aliados, empezando por Alemania».

El expresidente tampoco cree en una solución «solo nacional» para intentar solventar el problema de la inmigración. Considera imprescindible reformar los acuerdos de Schengen, que deberían «regular» la seguridad interior y los flujos de llegada de inmigrantes: «El principal defecto de los acuerdos de Schengen es suprimir las fronteras entre los países miembros, sin exigir antes una armonización de las prestaciones sociales acordadas a los inmigrantes. Los extranjeros prefieren cruzar por donde pueden las fronteras de Schengen para instalarse en Francia, donde se benefician de prestaciones sociales muy favorables».

Para poner en marcha tales reformas de fondo, si volviese a ser elegido presidente de la República en 2017, Sarkozy se propone reconquistar previamente a su propio partido, al que quiere refundar y cambiar de nombre para «abrirse a nuevas sensibilidades».

Pero él ya se ve como el jefe de estado que va a unir a todos los franceses por encima de barreras políticas e ideológicas: «Yo no creo en una Francia dividida en campos y fronteras ideológicas. Cualquier hombre político que aspire a dirigir Francia debe ir más allá de las fronteras ideológicas tradicionales. Hay diferencias culturales e ideológicas, pero no se puede construir nada sólido más que a través de la unidad de la nación», dictamina en tono más presidencial que nunca.

Sin embargo, antes de cumplir su sueño de volver al Elíseo, el expresidente francés tendrá que ponerse a salvo de los varios cargos y casos abiertos en los tribunales que le persiguen desde hace meses. Ayer mismo, dos antiguos directivos de su partido fueron detenidos en la investigación abierta por la presunta malversación de fondos en la campaña electoral para la reelección como jefe de Estado de Nicolas Sarkozy en 2012. Se trata, según indicaron los medios franceses, del ex director general Eric Cesari y de la exdirectora de Asuntos Financieros de la formación Fabienne Liadze, informa Efe.

Su detención llega un día después de que los dos cofundadores de la empresa de comunicación Bygmalion, Bastien Millot y Guy Alvès, y Franck Attal, el antiguo jefe de «Event&Cie», filial de esa compañía, fueran imputados por fraude en esa misma investigación. La Justicia francesa intenta determinar si la UMP activó un dispositivo por el que Bygmalion emitía facturas a cuentas de ese partido que en realidad correspondían a la campaña del ahora expresidente galo.

A este laberinto judicial hay que sumar la reñida pugna que se disputa en el interior de la UMP por el liderazgo del centro-derecha francés. Alain Juppé y François Fillon, lejos de reconocer el liderazgo de Sarkozy, pretenden ser ellos quienes tomen las riendas del partido para disputar la presidencia presumiblemente frente al actual primer ministro, Manuel Valls , cuya popularidad se ha visto muy mermada por su paso por el gobierno y su colaboración con el presidente Hollande, hasta ahora el jefe de estado más impopular de la historia de la República.