El fantasma del espionaje ilegal reaparece a pocos días de las elecciones en Colombia

El hervidero lo desató la revelación por parte de la revista Semana de un vídeo en el que Óscar Iván Zuluaga, el candidato del expresidente Álvaro Uribe, mantiene una reunión con Andrés Sepúlveda, un ‘hacker’ detenido en días pasados y de quien se sospecha, era parte de un plan para espiar la mesa de diálogo que el Gobierno y la guerrilla de las FARC , sostienen en La Habana. El vídeo es una prueba de que Zuluaga mintió cuando se conoció la detención de Sepúlveda, pues al corroborarse un nexo con su campaña, atinó a decir que no se había reunido con el ‘hacker’ y que apenas había cruzado un saludo .

Los sondeos habían indicado en los días previos que existía una alta probabilidad de que fueran el presidente Juan Manuel Santos-aspirante a la reelección- y Zuluaga, los candidatos que se enfrentarían en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, la revelación ha acomodado varias dudas en el futuro.

Candidatos como Enrique Peñalosa -de la Alianza Verde- exigen la renuncia de Zuluaga, mientras que en las páginas editoriales los periódicos se preguntan sobre el límite de los alcances del candidato uribista: ¿si la obtención de información ilegal comienza desde la misma campaña con hombres como Sepúlveda, qué podría pasar en caso de convertirse en presidente y tuviera a su merced toda la capacidad de inteligencia del Estado?

El propio Álvaro Uribe ha salido a defender a su candidato afirmado que se trata de un montaje, una versión que Zuluaga ha abrazado sin entregar demasiadas explicaciones. Santos se ha declarado «espeluznado» con el video y desde los partidos no uribistas se piden en voz alta acciones legales.

No es la primera vez que a Álvaro Uribe y a sus aliados se les asocia con el espionaje ilegal. En 2009, cuando era presidente, se reveló una trama de cómo el ya clausurado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) interceptaba sin orden judicial teléfonos de periodistas, políticos de oposición y magistrados de las altas cortes que adelantaban procesos –alianzas con grupos paramilitares- contra congresistas aliados al Gobierno. Por dicho caso fueron condenados cuatro altos funcionarios del organismo.

Las críticas derivadas del video de Zuluaga ahora apuntan a que se trata de la continuidad de un proceder, de una manera de conseguir objetivos políticos, en el que los medios siempre estarán justificados por los fines.