Ucrania, la lección más dura del desarme nuclear

Tras el colapso de la URSS, el nuevo Estado ucraniano heredó gran parte de la inmensa panoplia de armas atómicas de la extinta superpotencia soviética. Se estima que, con 1.800 cabezas nucleares, el arsenal ucraniano era el tercero más grande del planeta, solo por detrás del estadounidense y el ruso. La preocupación por este peligro geoestratégico potencial y las dudas respecto a la capacidad de las autoridades ucranianas para garantizar la seguridad de tan mortífero legado animó a las cancillerías occidentales y al Kremlin a promover su destrucción.

Así, en 1994 se firmó el conocido memorando de Budapest , suscrito por Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. En él, Kiev se comprometía a facilitar la destrucción de todas sus armas y el desmantelamiento de las instalaciones dedicadas a su almacenaje y producción. A cambio, obtenía la promesa de que ninguno de los firmantes atentaría contra su integridad territorial ni contra su soberanía, algo que, evidentemente, Putin no ha cumplido en Crimea.

En realidad, la nuclear era una carga demasiado pesada para la nueva Ucrania, como para Bielorrusia y Kazajstán, ex repúblicas soviéticas que también se adhirieron en aquel proceso al Tratado de No Proliferación . El entonces presidente Leonid Kravchuk sabía bien que, por los enormes costes de su mantenimiento y los riesgos que conllevaba, su país no podía permitírsela. En suelo ucraniano se había producido en 1986 la tragedia de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia, cuyo fatídico recuerdo también debió de pesar en su decisión. En junio de 1996, Ucrania se declaraba oficialmente territorio desnuclearizado.

A raíz del desenlace del asunto crimeo, Félix Arteaga , investigador del Real Instituto Elcano se pregunta: «¿Cuál es el mensaje que se está lanzando a los estados proliferadores? Con ninguno de los que recibieron garantías de seguridad esas garantías se han cumplido». El caso más flagrante es el de Libia. El dictador Muamar el Gadafi aceptó eliminar sus armas de destrucción masiva tras los ataques terroristas del 11-S, lo que le granjeó una cierta rehabilitación ante las mismas potencias occidentales que más tarde contribuyeron, operación militar incluida, a su caída.

La lección de Crimea corrobora la lectura que ya hace tiempo hicieron en otras capitales. Corea del Norte, por ejemplo, renunció a sus compromisos internacionales de no proliferación en 2003. Desde entonces, primero Kim Jong-il y después su hijo Kim Jong-un han podido regir el país con tanto desprecio por los derechos humanos como impunidad. Mención aparte merece Irán, que negocia ahora la renovación del acuerdo parcial que le permitió aliviar las sanciones de las que era objeto y donde, seguro, la crisis de Crimea se ha seguido con atención. La lista continúa con Pakistán y la India, dos gigantes vecinos que mantienen hace años un litigio abierto por la región de Cachemira, pero a los que la potencia de fuego de ambos y la conciencia de la devastación que acarrearía alejan de una guerra abierta.

A estos casos conocidos, Arteaga teme que se sume en breve el de la monarquía de Arabia Saudí, que en los últimos tiempos ha sufrido fuertes desencuentros con su habitual aliado estadounidense y podría verse tentada a abrazar una nueva vía para inmunizar su régimen.

A la postre, Ucrania vive hoy mutilada y bajo la doble amenaza de una invasión rusa y de una contienda civil. Quizá algún estratega allí haya recordado ahora la máxima del general Pierre-Marie Gallois, padre del programa francés de desarrollo de armas disuasorias: «La guerra es abominable, por eso defiendo la proliferación nuclear».