Expertos de la ONU expresan su «alarma» por el aumento de las ejecuciones en Irán

En base a las informaciones facilitadas por este grupo de expertos, la mayoría de las ejecuciones fueron llevadas a cabo por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo que viola las provisiones legales que limitan la permisibilidad de la pena capital para crímenes de mucha gravedad. «El Gobierno continúa ejecutando gente a un ritmo asombroso a pesar de las dudas existentes sobre la justicia de los procesos», ha sostenido el relator de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, Christof Heyns.

Los expertos han destacado el caso de Farzaneh Moradi, quien fue forzada a casarse a la edad de 15 años y que fue ejecutada la semana pasada en la prisión de Isfahán tras ser declarada culpable del asesinato de su marido. Moradi confesó hace seis años su responsabilidad en el suceso, pero posteriormente explicó que el responsable del asesinato fue un hombre que la persuadió para confesar el crimen argumentando que una madre joven no sería ejecutada.

«En este caso, la acusada fue obligada a casarse siendo una adolescente y aseguró que había sido inducida a confesar un crimen que no cometió. Pese a ello, la ejecución prosiguió sin que aparentemente se prestara atención a las circunstancias y aseveraciones en este sentido», ha valorado Heyns.

Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Irán, Ahmed Shaheed, ha apuntado que el «alarmante caso» de Moradi muestra «la necesidad de una moratoria inmediata sobre la pena capital en Irán».

«Moradi ya era una víctima antes de ser ejecutada», ha dicho la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo. «Fue una niña desposada que no pudo escapar a su matrimonio debido a las normas culturales y las barreras legales para el divorcio en Irán», ha añadido.

Por último, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, Juan E. Méndez, ha apuntado que «la crueldad de esta ejecución a la luz de una aparente confesión inducida es particularmente injusta».

Todos los expertos anteriormente citados han pedido al Gobierno iraní que «responda a los llamamientos de la comunidad internacional para aplicar una moratoria en las ejecuciones», al tiempo que han mostrado su preocupación por las afirmaciones de algunos altos cargos iraníes de que las mismas son «un gran servicio a la Humanidad».