La compra chavista de Globovisión llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El escrito de denuncia está impulsado por numerosos profesionales de Globovisión que fueron despedidos o se vieron obligados a abandonar sus puestos de trabajo ante las nuevas directrices ideológicas impuestas por la nueva dirección de la compañía. “La situación es asfixiante”, explicó Nitu Pérez Osuna, una de las caras más conocidas de Globovisión, cuyo programa “Yo prometo” estuvo en antena durante 18 años. Fue despedida personalmente por el nuevo presidente de la compañía, Juan Domingo Cordero.

La periodista llegó a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompañando a Asdrúbal Aguiar, reconocido abogado que se ha encargado de formalizar el caso ante Catalina Botero, directora de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En palabras de Aguiar, “la venta de Globovisión acabó con el periodismo independiente, cerró la única ventana que quedaba a una sociedad democrática; lo que hay hoy en Venezuela es un monopolio informativo”. Aguiar también destacó el oscurantismo con que se produzco la transacción financiera, cuando el anterior propietario, Guillermo Zuloaga, se vio obligado a vender el canal ante la negativa del Gobierno a darle licencias para la televisión digital si no se plegaba a sus directrices ideológicas.

“No hemos podido acceder a los documentos oficiales de la venta”, aseguró Aguiar, “así que solo tenemos información por fuentes periodísticas, y estas dicen que la compra la realizaron aliados militantes del Gobierno, que no tienen tradición en el sector de la prensa”. Añadió que comúnmente se relaciona a Cordero y a quien figura como dueño, Raúl Gorrín, ambos abogados penalistas, con la llamada “banda de los enanos”, una mafia de corrupción judicial. Además se les vincula directamente con Alejandro Andrade, alguien que hizo una gran fortuna a la sombra de Chávez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya sustanció anteriormente un caso en relación a Globovisión, sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en 2009 con una condena a Venezuela. La Corte, con sede en Costa Rica, determinó que había habido amedrentamientos y agresiones físicas contra directivos y empleados por parte del Gobierno. Entonces Globovisión era la víctima y ahora sería la ejecutora de la violación.