Alemania y Brasil lideran a los 21 países que abogan por limitar el espionaje

El borrador de la resolución, que se presentaría ante la Asamblea General de la ONU, reclama a los países miembros que «garanticen el respeto de los derechos» a la privacidad. Para ello, exige que se «adopten medidas para poner fin a las violaciones de estos derechos» y se « revisen sus procedimientos, prácticas y legislación concerniente a la vigilancia de comunicaciones privadas en el extranjero y la interceptación de datos personales de ciudadanos en jurisdicciones extranjeras».

Esfuerzo diplomático

Aunque el documento no alude a las prácticas de la NSA destapadas por el exanalista de la CIA Edward Snowden , esta resolución supondría el mayor esfuerzo diplomático a nivel internacional para restringir las prácticas de las agencias de Inteligencia como la NSA, desde que el Gobierno alemán confirmara que dispone de pruebas de que el móvil de la canciller germana, Angela Merkel, fue espiado.

En la resolución, los 21 países que respaldan este borrador abogan por «establecer mecanismos independientes de supervisión capaces de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia de comunicaciones a cargo de los Estados».

Asimismo, piden al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que comparezca en dos ocasiones al año ante la Asamblea General para que traslade su «punto de vista y recomendaciones» sobre la « vigilancia indiscriminada » a fin de «identificar y clarificar los principios, estándares y mejores prácticas» en esta área.

La protección del derecho a la privacidad en internet «es un tema de creciente interés e importancia» , argumenta el borrador, en un momento en el que el «acelerado» desarrollo tecnológico «refuerza la capacidad de los gobiernos, compañías e individuos para la vigilancia, el descifrado y la recopilación masiva de datos».

«Interceptar los datos de los ciudadanos viola los derechos de libertad de expresión»Los países impulsores de este borrador de resolución enfatizan que el espionaje de comunicaciones privadas y la interceptación masiva de datos personales de ciudadanos constituye un «acto altamente intrusivo que viola los derechos de libertad de expresión y privacidad, y amenaza los fundamentos de una sociedad democrática».