Al Assad adelanta su intención de presentarse a las próximas presidenciales en Siria

Por otro lado, este mismo lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han reiterado su apoyo a la conferencia de paz que la comunidad internacional quiere convocar para Siria antes de que acabe noviembre en Ginebra, al tiempo que ha pedido a los grupos de la oposición al régimen de Bashar al Assad que acudan unidos a la cita.

«La UE llama a la oposición a acudir junta y a participar activamente en la conferencia y anima a la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria (CNFORS) a asumir un papel de liderazgo en las negociaciones», dicen los 28 en un texto de conclusiones adoptado por los ministros reunidos en Luxemburgo.

La Unión Europea ha aprovechado esta declaración para condenar el uso de armas químicas contra la población y ha pedido que «esta y otras atrocidades» sean investigadas para que los responsables rindan cuentas ante la justicia. «La UE reitera que no debe haber impunidad», añade el texto, en el que no hay ninguna mención expresa a Al Assad.

Con todo, los 28 expresan su «extrema preocupación» por el deterioro continuo de la situación en Siria y ven urgente poner fin al sufrimiento de la población y de la violencia, para lo que creen que es necesaria una solución política y condenan el uso «sin precedentes» de la fuerza que emplea el régimen. Entre las preocupaciones de los ministros europeos también consta el aumento de extremistas y combatientes extranjeros en el país, porque creen que alimenta el conflicto y amenaza la estabilidad de la región.

En cuanto a la situación humanitaria, los jefes de las diplomacias europeas admiten que son necesarios «mayores esfuerzos para coordinar» la respuesta de la UE y sus Estados miembros, con el objetivo de evitar duplicidades y asegurar una estrategia más «coherente».

En este sentido, esperan que la Comisión Europea examine la situación y tome medidas «prácticas» para mejorar dicha cooperación. Finalmente, la Unión Europea reclama a todas las partes el respeto del derecho internacional y la protección de la población, en especial de mujeres y niños víctimas de la violencia, al tiempo que exige seguridad y acceso libre para el personal humanitario y médico a la zona.