Turquía congela los activos bancarios de los talibanes y Al Qaida

La decisión, tomada en una reunión del gabinete ministerial, pretende ajustarse a las exigencias del llamado Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (FATF, por sus siglas en inglés), una institución intergubernamental creada a finales de los años 80 a instancias de los países del G7 y de la que Turquía forma parte, junto con otros 35 países. Pero debido a la tradicional pasividad turca hacia el movimiento de capitales relacionados con actividades terroristas, el FATF se planteó seriamente expulsar a este país del seno del organismo.

En su último informe, emitido a finales de febrero, el FATF asegura que «Turquía ha dado pasos signifi cativos en la mejora de su régimen de lucha contra la financiación del terrorismo, incluyendo la promulgación de una nueva ley que hace frente a muchas de las carencias existentes en este país y crea una base legal para la congelación de los activos terroristas. La FATF da la bienvenida a este importante paso dado por Turquía, que mejora el cumplimiento de este país de los estándares internacionales. Como consecuencia, el FATF ha decidido no suspender su estatus de miembro».

En el informe, el FATF incluye a Turquía en una lista negra de países que no cumplen los estándares de la institución a la hora de combatir las actividades financieras de grupos terroristas o criminales . En la lista se encuentran también Irán, la República Democrática del Congo, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Santo Tomé y Príncipe, Siria, Tanzania, Vietnam y Yemen.

El documento también estipula que, a pesar de la positiva aprobación de la nueva legislación, «sigue habiendo cierto número de carencias existentes en el régimen turco de lucha contra las finanzas terroristas».

Turquía se comprometió a enviar un informe técnico antes del pasado junio, con el objetivo de indicar cómo planeaba hacer frente a dichas carencias. La congelación de activos de los talibanes y las organizaciones percibidas como cercanas a Al Qaida ha sido interpretada como un paso dado en ese sentido.

La legislación turca estipula que ahora, los afectados por el bloqueo de activos tienen sesenta días para reclamar, según informa la prensa local.