Declaran inconstitucional la norma que impedía la prescripción de los crímenes cometidos por militares en la dictadura

Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Alto Tribunal estableció que una norma aprobada en 2011 por el Parlamento que obligaba a la Justicia a considerar como crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los delitos cometidos en ese período, no se ajusta a la Constitución y no puede aplicarse.

En atención a la jurisprudencia que genera la decisión, a partir de ahora los acusados de estos crímenes podrán presentar recursos si son juzgados por los mismos. Según una decisión de la SCJ, la prescripción de los delitos más graves cometidos entonces se cumplió el 1 de noviembre del pasado año.

Si bien la SCJ aclaró que esta decisión corresponde solo al caso concreto de dos coroneles que presentaron un recurso y que los jueces que siguen causas en esta materia no está obligados directamente a archivar la investigación, la reacción inmediata por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y del partido oficialista Frente Amplio (FA) fue de repulsa por avalar «la impunidad».

La SCJ justificó su medida porque la norma incumple el principio de «irretroactividad» de la ley penal que marca la Constitución.

Nada más conocerse la decisión, el Frente Amplio y otras organizaciones sociales convocaron una marcha para el próximo lunes que se prevé será masiva en rechazo a la resolución.

La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier , cuyo partido impulsó la norma censurada en el Parlamento y que la consideraba como uno de los mayores éxitos de su gestión, expresó a través de la red social Twitter su «dolor» y su «repulsa» por la decisión.

Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de víctimas de la dictadura, también expresó su malestar por la medida y apuntó a que «Uruguay se merece otro tipo de justicia, o lisa y llanamente, Justicia».

Gelman consideró «seriamente cuestionable» la decisión del Alto Tribunal, sobre la que no cabe recurso alguno, y dijo que apunta a ir en contra de «hacer justicia por los delitos de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas».

El diputado oficialista Luis Puig fue un paso más allá y dijo que la SCJ «se puso de lado de la impunidad», además de «desconocer» y «desacatar» un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenaba a Uruguay a eliminar todas las trabas que impedían juzgar los crímenes de la dictadura.

La ley interpretativa de la Ley de Caducidad se aprobó en octubre de 2011, a escasos días de que se cumpliera el plazo legal para la prescripción de los delitos cometidos por policías y militares de la dictadura.

De este modo se pretendía esquivar el escollo generado por la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 a la salida de la dictadura y refrendada en dos ocasiones por la ciudadanía en 1989 y 2009, que establecía que para juzgar delitos cometidos por uniformados, se debía obtener antes la autorización del Ejecutivo.