Un centenar de militares toma el Ministerio de Información de Eritrea

La presunta intentona golpista demanda la liberación de todos los presos políticos del hermético Estado (no son pocos: Naciones Unidas estima que entre 5.000 y 10.000 disidentes se encuentran encarcelados)

EDUARDO S. MOLANO
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El presunto intento de golpe de Estado (o leve asonada) protagonizado en las últimas horas por un centenar de militares en Eritrea vuelve a sacar de su letargo político a uno de los más herméticos regímenes dictatoriales del continente africano.

Según informaciones independientes, a primera hora de la mañana del lunes, al menos un centenar de militares se atrincheraban en el Ministerio de Información eritreo, localizado en plena capital del país, Asmara, para demandar la liberación de todos los presos políticos del Estado (no son pocos: Naciones Unidas estima que entre 5.000 y10.000 disidentes se encuentran encarcelados).

El origen de la protesta se remonta en más de una década.

A mediados de septiembre de 2001, en una curiosa celebración de los diez años de independencia del país sobre su vecina Etiopía, el presidente Isaias Afewerki ordenaba la detención de once altos funcionarios que habían escrito cartas críticas contra su Gobierno, así como de diez periodistas opositores.

Desde entonces, y sin noticias de los reos, la paranoia del régimen se ha extendido a cualquier voz discordante del sistema. Y, sobre todo, frente a cualquiera que ose criticar a su más reciente aliado.

En noviembre de 2011, el Gobierno de Eritrea se veía obligado a negar las acusaciones de que su país estuviera proporcionando apoyo militar a la milicia islamista de Al Shabab, tan solo dos días después de que un envío de armas -presuntamente desde Asmara- fuera interceptado en la ciudad somalí de Baidoa.

“El único interés de nuestro país es el retorno de la paz y la estabilidad al Cuerno de África. No puede haber una solución militar al problema de Somalia”, aseguraba entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores eritreo, Osman Saleh.

Ese mismo año, Naciones Unidas filtraba un informe que acusaba al Gobierno de Asmara de financiar en la sombra a las milicias de Al Shabab. En el documento, realizado por un el Grupo de Supervisión de la ONU en Somalia y Eritrea, se inculpaba directamente a altos funcionarios de su embajada en Kenia de realizar pagos mensuales a la organización por valor de 80.000 dólares, así como de la planificación de un atentado la cumbre de la Unión Africana celebrada en Etiopía.

Entrenamiento y protección

Sin embargo, el vínculo -real o ficticio- no es nuevo: “Ya en 2008, un importante número de miembros de Al Shabab se encontraba bajo protección de Eritrea. De igual modo, algunos de los rebeldes detenidos reconocen haber sido entrenados en su territorio en el manejo de explosivos y la realización de atentados suicidas. La mano negra existe”, corrobora a ABC el ex ministro de Seguridad somalí, Abdisalam Xaji Adan. 

Pese a ello, en los últimos meses el peso específico de Eritrea, histórico aliado militar y financiero de la milicia, parece haberse reducido.

¿El motivo? El mayor escrutinio internacional al que se han visto sometidas sus acciones (a comienzos de julio Estados Unidos sancionaba a dos altos cargos del Gobierno de Asmara por su apoyo a Al Shabab), así como las crecientes fricciones entre el país africano y el propio grupo rebelde tras declarar su adhesión formal a Al Qaida.