«Una vejez exenta de miseria»: la promesa incumplida en España con las pensiones desde Primo de Rivera

Hace unos días, se anunciaba también que la edad de jubilación se iba a retrasar hasta los 66 años y cuatro meses, con el perjuicio de que todos aquellos que la adelanten sufrirán recortes de hasta el 21%. Este jueves, además, ABC analizaba a quién iba a beneficiar y perjudicar el aumento de 25 a 30 los años para calcular la pensión en el enfrentamiento que, desde hace meses, mantienen el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los sindicatos y empresarios. Un problema eterno que España no ha sabido solucionar en el siglo transcurrido desde que las pensiones se pusieron en marcha.

El Rey Alfonso XIII aseguró en 1923 que estos «seguros del obrero» iban a permitir a los españoles tener «una tranquila y respetada ancianidad, exenta de los dolores de la miseria». Sin embargo, no parece que haya sido así, a pesar de las mejoras, para muchos españoles. Da igual que hablemos de las dos dictaduras, de la Segunda República o de los casi cincuenta años de democracia. En la actualidad, de hecho, la pensión mínima se sitúa alrededor de los 675 euros mensuales. Cuando se estableció en 1923, solo garantizaba una al día. Es decir, 30 pesetas al mes en una época en la que el salario medio de un trabajador oscilaba entre las 140 de un obrero industrial en Madrid y las 65 de un asalariado de la Fábrica de Tabacos de Sevilla.

Eso significa que, tanto antes como ahora, la pensión mínima era menos de la mitad de un sueldo normal, lo que obligaba a ahorrar durante toda la vida, si se podía, para tener una vejez holgada. Aun así, sacarla adelante resultó muy difícil. En concreto, se produjo durante varias décadas de avances minúsculos hasta llegar a la dictadura de Primo de Rivera. Se comenzaron a discutir con el inicio de las demandas obreras en la segunda mitad del siglo XIX, tanto en el reinado de Amadeo I como en la Primera República.

El primer intento de abordar la cuestión social pasó por el establecimiento de la Comisión de Reformas Sociales, cuyo objetivo era «estudiar todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras». Se creó por decreto el 5 de diciembre de 1883 a propuesta del ministro de la Gobernación, Segismundo Moret, que realizó una investigación exhaustiva sobre los problemas que debía atajar, entre ellos el de las condiciones de vida de los jubilados, pero no consiguió que sus proyectos de leyes sociales fueran tenido en cuenta por ninguno de los gobiernos de la Restauración.

El testigo lo tomó el Instituto de Reformas Sociales, creado por los conservadores, con Francisco Silvela a la cabeza, en 1903. Estaba integrado en el Ministerio de la Gobernación con el objetivo de buscar la armonía entre empresarios y trabajadores, pero sus avances fueron nimios y frustrantes. Las organizaciones obreras ignoraron al Instituto, mientras que los patronos desconfiaban de la creciente intervención pública en materia laboral y social. Las pensiones seguían siendo un sueño muy lejano.

Sin embargo, este organismo es importante porque puso las bases para que Antonio Maura creara, en 1908, el Instituto Nacional de Previsión, que duró hasta la Constitución de 1978. Esa fue la verdadera piedra fundacional, pues su objetivo era gestionar la Caja de Pensión Central, difundir la idea entre los españoles de que era necesario que contribuyeran a sus pensiones y administrar la mutualidad de los asociados. En aquel momento, sin embargo, no era obligatorio, sino opcional para todo aquel que se lo pudiera permitir, por lo que las aportaciones fueron muy escasas.

A partir de 1913, el presidente Eduardo Dato impulsó la reforma social y laboral más importante del siglo XX. Según contaba hace un año a ABC Manuel Pimentel, ministro de Trabajo entre 1999 y 2000, este presidente fue «muy avanzado a su tiempo» en lo que respecta a las transformaciones laborales: «Gobernó en un momento de gran inestabilidad, pero dictó leyes que transformaron a España, como los descansos dominicales, la protección de los menores y las mujeres frente a la explotación y las bajas por accidente laboral y enfermedad. Sus medidas fueron vanguardistas, supo ver que los trabajadores debían tener derechos».

Antes de que fuera acribillado en la Puerta de Alcalá de Madrid, durante su tercera legislatura en 1921, Dato puso la piedra con la que se inició la segunda etapa del Instituto en 1919. Fue ese año cuando se empezó a organizar el primer seguro de vejez o, según la denominación oficial, el 'Seguro Obligatorio del Retiro Obrero'. La idea era que cada trabajador abonara por ley 10 céntimos al mes de su salario. El Estado ponía una peseta y los patronos, tres pesetas más mensuales. Si el trabajador había cotizado durante 20 años, al cumplir 65 años, el Gobierno le otorgaría la mencionada pensión de una peseta al día, es decir, 365 al año.

Sin embargo, la desidia de los políticos durante aquellos últimos coletazos de la Restauración todavía dejó dormir la implantación definitiva de dicha medida durante cuatro años más. Fue Antonio Primo de Rivera quien se encargó de agilizar la implantación en toda España de esta pensión en septiembre de 1923. Pocas horas después del golpe de Estado, el dictador ya declaraba en 'El Imparcial', según recoge José Andrés Gallego en 'El socialismo durante la dictadura: 1923-1930':

«Hay que legislar en un sentido de amplia concepción democrática, dando al obrero todos aquellos derechos a que es acreedor, encauzando jurídicamente sus relaciones con las clases patronales, intensificando la protección del Estado para la vejez o los casos de invalidez... En cambio, nosotros exigimos del obrero un mayor rendimiento en la producción, porque entendemos que una de las causas, acaso la mayor, de la degradación económica que padecemos es esa falta de producción».

Es decir, que ya desde el principio tenía trampa. Algunos historiadores opinan que las pensiones no fueron creadas inicialmente, como entendemos en la actualidad, con el único objetivo de mejorar el Estado del bienestar de aquellas personas que dejan de trabajar cuando se hacen mayores, sino para ahorrar el gasto del Gobierno y como criterio de eficiencia económica. De hecho, para ponerlo en marcha se organizaron asambleas informativas que recorrieron el territorio nacional como si de la gira de una compañía de teatro se tratara y, a decir verdad, la asistencia en muchas ciudades fue escasa.

En Córdoba, explicaba Jesús Cabrera en ABC, la presidencia de aquella asamblea correspondió al gobernador civil, el militar Rafael Pérez Herrera, quien defendió que la labor de Primo de Rivera «no es destructora, sino regeneradora». Después intervinieron los llegados de Madrid y los cordobeses que quisieron respaldar este sistema de protección al obrero. «La vida de previsión es preparar el porvenir de la ancianidad», aseguró el senador Elías Tormo, posterior ministro de Instrucción Pública en el Gobierno de Dámaso Berenguer. También estuvo José Maluquer, verdadero promotor de esta iniciativa, por la que llevaba luchando en España desde hacía décadas.

Durante la Segunda República, el Estado impulsó de nuevo la labor del Instituto Nacional de Previsión, cuya actividad había caído durante los siete años de dictadura. Las pensiones las gestionaban los bancos y cajas de ahorro, pero a finales de la Guerra Civil gran parte de los ahorros aportados para este seguro obligatorio se esfumaron por la fuerte inflación. En 1939, Franco se vio obligado a aprobar un nuevo sistema de pensiones al que llamó 'Subsidio de Vejez', según el cual cada trabajador que se jubilase a partir de ese año, recibiría una pensión vitalicia que sería pagada por los trabajadores que aún estaban en activo.

De ese modo, en esos primeros años de autarquía, estraperlo y la economía de los españoles por los suelos tras el conflicto, el régimen franquista obtenía fondos inmediatos para los jubilados y, por consiguiente, resolvía el grave problema de caja que padecía. Se llamó sistema de reparto y permitía que, desde el primer mes de jubilación, se pagaran las pensiones. Es decir, que los jóvenes pagaban las pensiones de los ancianos. Sin embargo, era un sistema incompleto que solo protegía a los que ganaban menos dinero, no a toda la sociedad. Para acceder a esta prestación había que ganar menos de 6.000 pesetas al año.

En la década de los 60, cuando la dictadura comenzó a abrirse al mundo con la ayuda, también económica, de Estados Unidos, que ayudó a mejorar el sistema que se conoce hoy: la ley de bases de la Seguridad Social. A partir de 1963, la pensión abarcó a casi todos los trabajadores por cuenta ajena y a los que trabajaban por cuenta propia, los autónomos, así como a los socios de cooperativas, estudiantes, funcionarios, militares, seglares y civiles en instituciones eclesiásticas. Además, eran años en que se multiplicaron las familias numerosas en España, por la tesorería del Estado se incrementó.

Pero tampoco estuvo exenta de críticas con el paso de los años. Los problemas salieron a la luz, eso sí, al poco de morir franco, porque el sistema podría fallar. La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población significaban que, en un momento u otro, no habría jóvenes suficientes para pagar las pensiones de los jubilados. Por eso, en 1995, tanto los partidos políticos como sindicatos y empresarios firmaron el Pacto de Toledo, por el que se comprometían a modificar, de manera paulatina, el sistema de pensiones para que fuera sostenible en el tiempo.

El Pacto garantizaba el poder adquisitivo subiendo las pensiones, fijaba la edad de jubilación a los 65 años y, entre otras cosas, separaba los gastos en Sanidad y los gastos en pensiones Parecía un buen remedió, pero pronto aparecieron los problemas, una vez más, porque no dedicó ni una sola línea al principal problema: la cada vez más baja natalidad, que era el origen de la crisis de este sistema. Si eso no se arreglaba, el resto daba igual… y fue lo que ocurrió. Desde entonces, las pensiones han ido subiendo, hasta que convertirse el mayor gasto del Estado: más de 163.000 millones de euros en 2021.

El número de pensionistas está creciendo y las aportaciones de los trabajadores no son suficientes para cubrirlos. A finales de 2020, la Seguridad Social tenía un déficit de 45.000 millones de euros, un récord histórico. Eso ha hecho que las protestas de los jubilados en defensa de su bienestar hayan crecido exponencialmente en los últimos años, hasta convertirse en un colectivo muy temido por el Estado. Son muchos votos.

En enero de 2021 se realizó el mayor gasto mensual en pensiones de la historia: 10.000 millones de euros. Y, desde entonces, ha seguido creciendo al mismo ritmo que la proporción de ciudadanos de la tercera edad en proporción a los jóvenes. La prueba de ese desequilibrio es que cada vez hay más casos de jubilados que han estado cobrando su pensión durante más tiempo que el que cotizaron en su vida. Dijo el exministro de Economía Carlos Solchaga hace unos años que el sistema español es tan generoso, que a partir del duodécimo año, el pensionista ya empieza a cobrar más de lo que cotizó durante su vida laboral.