Así trataron los franceses a los refugiados españoles en la posguerra: «Son tribus primitivas y sucias»

Ese mismo día, un barco pesquero de 30 metros de eslora que había salido de la costa libia volcó a primera hora de la mañana. En él viajaban cientos de inmigrantes –entre 400 y 700 personas, las cifras oscilan–. Hasta hoy solo se contabilizaban 79 muertos y 104 supervivientes, todos ellos hombres, y entre ellos ocho menores. La historia se repite y en España no nos resulta tan ajena. En primer lugar, porque en nuestras costas hemos padecido episodios parecidos y, en segundo, porque no hace tanto tiempo más de 500.000 españoles marcharon hacia el exilio francés tras la Guerra Civil y fueron las víctimas.

Cuando cruzaron los Pirineos, lejos de encontrarse una acogida cariñosa como la que cabría esperar de quienes se suponía que estaban de su lado, los españoles conocieron el hacinamiento en los denominados «campos de arena», que no eran sino campos de internamiento creados exclusivamente para encerrar a los refugiados españoles que huían de la dictadura de Franco. Viendo la avalancha de gente, pronto inauguraron otros más alejados de la frontera, como el de Bram (departamento de Aude), el de Agde (Hérault), el de Rivesaltes (Pirineos Orientales), Septfonds (Tarn-et-Garonne), el de Gurs (Bajos Pirineos), entre otros.

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Allí muchos españoles no solo sufrieron la muerte y el hambre, sino el trato denigrante al que fueron sometidos por parte de las autoridades francesas y de la misma población, supuestamente afines a la causa republicana. Aquel fue uno de los golpes más duros que nuestros refugiados sufrieron tras caer derrotados contra Franco, a la que se sumó inmediatamente después la amenaza de la invasión de Francia por parte de Hitler, que sobrevoló sobre sus cabezas en cuanto se inició la Segunda Guerra Mundial.

Así contaba a ABC el célebre director de fotografía Juan Mariné, en 2017, su experiencia en aquellos campos de internamiento, pocas semanas después de haber salvado la vida de la matanza que acabó con 130 compañeros de su división republicana y de haber perdido la audición del oído derecho por una explosión:

«Llegué al campo de Saint-Cyprien y me quisieron obligar a firmar un contrato con la legión extranjera para ir a combatir a Indochina durante cinco años, pero me negué alegando que en España no podía firmar nada hasta cumplir los 20 años, y que no entendía lo que me estaban diciendo porque no sabía francés. Desistieron por pesado y, en un despiste, aproveché para escapar de allí. Al día siguiente, una patrulla de senegaleses me capturó y me llevó al campo de Argelè-sur-Mere, que era una playa repleta de prisioneros donde no había sitio ni para poner los pies en el suelo. Tampoco nos daban de comer. De vez en cuando lanzaban pan duro como si fuéramos gallinas que, del hambre que teníamos, lo mojábamos en el agua del mar y nos lo comíamos. Tuve que dormir en el suelo, al aire libre, en enero».

En 'Campo de los Almendros' (1968), el libro que cierra su serie de novelas sobre la Guerra Civil titulada 'El laberinto mágico', Max Aub describió a aquel medio millón de españoles que huyeron a Francia desde puertos como el de Alicante –«ese es el lugar de la tragedia»– como «deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco y destrozados». A pesar de ello, las penurias de los refugiados que decidieron cruzar los Pirineos no acabaron ahí, sino que continuaron después con el deplorable trato mencionado.

La mayoría de los 470.00 españoles llegados a Francia y a Argelia, que todavía era colonia francesa, fueron recluidos en esos campos de internamiento. Muy pocos se libraron de aquella tortura y de ser considerados por una gran parte de la opinión pública del país de acogida como «rojos peligrosos». Su aparición allí fue percibida por el Gobierno de Édouard Daladier como una «peligrosa invasión», a causa del elevado número de refugiados que traspasaron la frontera. Este trato resulta doblemente extraño si tenemos en cuenta que aún no se había instaurado el régimen de Vichy, aquel estado títere de la Alemania nazi que fue liderado por el mariscal Philippe Pétain, en parte del país, durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial.

Debido a la llegada de los españoles, el pequeño departamento de los Pirineos Orientales había visto multiplicada por tres su población, que en aquellos momentos era de 40.000 habitantes en la capital, Perpiñán, y 234.000 más en el resto del territorio. La penosa situación en que llegaban los exiliados no impidió a la prensa francesa de derechas referirse a ellos con insultos como «animales invasores, escoria, tribus primitivas o sucios vándalos», según explica Borja de Riquer en su libro 'La dictadura de Franco' (Crítica, 2021).

Esta opinión se generalizó entre la población más conservadora y ejerció una presión muy importante sobre el presidente Daladier, que terminó por imponer unas condiciones extremadamente duras sobre el derecho de asilo. El Gobierno envió a los departamentos del sur a más de 50.000 gendarmes, así como a un buen número de contingentes de tropas coloniales y regulares para vigilar única y exclusivamente a los refugiados que habían cruzado los Pirineos desde España. Estos fueron, además, los primeros a los que se aplicó el decreto del 12 de noviembre de 1938 que preveía el internamiento de los extranjeros considerados «indeseables».

Los primeros campos se construyeron en las playas de los departamentos orientales, Argelès-sur-Mer, Barcarès y la mencionada Saint-Cyprien, en los que quedó patente rápidamente la alarmante precariedad higiénica y sanitaria. A esto se sumó la severa vigilancia a la que estaban sometidos los españoles por parte de los gendarmes. El trató por parte de estos era vejatorio y no estuvo exento de violencia, hasta el punto de que cientos de los refugiados internados en estos campos de concentración, sobre todo ancianas y mujeres con sus hijos pequeños, optaran por regresar a España a pesar del evidente peligro que eso suponía.

El informe Valière, realizado por el Gobierno francés, sostiene que, entre el 28 de enero y el 12 de febrero de 1939, entraron en Francia como refugiados políticos unos 440.000 españoles, de los cuales 220.000 eran combatientes. 10.000 soldados heridos, 40.000 hombres no combatientes y 170.000 mujeres y niños. Además, para esa fecha habían entrado en las colonias galas del norte de África (Argelia, Túnez y Marruecos) otros 15.000 exiliados, una cantidad muy superior a los 4.000 que fueron a la Unión Soviética, 3.000 al resto de Europa y 1.000 a Latinoamérica.

Los mismos informes franceses sobre los refugiados españoles llegados a principios de 1939 indican que la mayoría procedía de las regiones limítrofes a la frontera: el 36% eran catalanes, el 18% aragoneses, el 14% de la zona actual de la Comunidad Valenciana, 10% andaluces y 7% de la zona centro. En lo que respecta a las profesiones de los exiliados, la misma fuente asegura que un 50% se declararon industriales, un 30% campesinos y el 20% restante, al sector servicios. Entre estos últimos había una cifra importante de funcionarios. Y, por supuesto, también salieron la gran mayoría de los dirigentes políticos y sindicales, de los altos cargos de la Administración republicana y de los intelectuales y profesionales.