Holanda, la sede de la compañía más implacable y sangrienta de la historia

Cuando se produjo en 1572 la revuelta en los Países Bajos que daría lugar a las Provincias Unidas, una de las razones principales de los señores locales para rebelarse contra el Rey de España, soberano de estos territorios, estuvo en la subida de impuestos encarnada por el gobernador real, el Gran Duque de Alba. Y es que, a pesar de lo dicho sobre religión o nacionalismo, el contexto económico fue crucial para comprender el proceso secesionista.

Después de que el general castellano lograra sofocar en 1568 a las fuerzas rebeldes dirigidas por Guillermo de Orange, la figura más representativa en las provincias norteñas de Zelanda y Holanda, pareció que la sublevación era cosa del pasado. Sin embargo, la subida de los impuestos, la represión del Tribunal de Tumultos y el incansable trabajo propagandístico de Orange resucitaron la guerra en 1572 y la llevaron a un nuevo nivel.

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Bruno Pérez

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En un contexto de catástrofes naturales, malas cosechas e inundaciones, la subida de impuestos provocó una de las primeras huelgas de la historia entre comerciantes que, gracias a la propaganda de Orange, convenció al pueblo de que el dinero recaudado servía para empobrecer a los Países Bajos y enriquecer a España. Nada más lejos de la realidad; como señala Geoffrey Parker en 'España y la rebelión de Flandes' era la Península Ibérica quien corría con los grandes gastos del imperio. Fernando Álvarez de Toledo, que disfrutaba leyendo a Tácito en latín y contaba entre sus mejores amigos al poeta Garcilaso de la Vega, comprendía mejor que la oligarquía flamenca la necesidad de que los impuestos fueran equitativos.

De ahí que tras una larga serie de deliberaciones entre Alba, el Consejo de Hacienda y los Estados provinciales se concluyera la necesidad de establecer un tributo de en torno al 10% sobre todas las transacciones comerciales a excepción de la última (el punto donde la mercancía llegaba al consumidor), lo que en Castilla se llamaba alcabala, para remontar la ruinosa situación financiera de la hacienda flamenca. El impuesto final tras sufrir las implacables negociaciones con la oligarquía, resultó un tributo relativamente modesto que producía rentas cuantiosas sin causar grandes privaciones a nadie.

Ni aún así pudo ser aplicado. «Era un impuesto menos regresivo que la mayoría de tributación del siglo XVI, en el sentido de que la carga sería compartida por todos. Los más pobres habrían pagado probablemente más de lo justo, pero no habrían tenido que pagarlo todo, y los ricos quedaban en cierta medida protegidos, por su carácter perpetuo, de los tradicionales asaltos a su capital», explica William S. Maltby en su biografía dedicada al Gran Duque de Alba sobre un impuesto mucho más justo de los que aplicaría Orange en el bando rival.

A partir de este punto le resultó imposible a Felipe II recuperar el orden en estos territorios. Después de un larguísimo conflicto rico en asedios costosos, España y la República Holandesa debieron firmar en 1609 una tregua, lo que fue una manera de reconocimiento de la independencia del nuevo estado. Además, los holandeses aprovecharan la tregua para acosar a las posesiones del Imperio español en América y en el Pacífico, sobre todo las pertenecientes a Portugal, creando una empresa con capital privado pero vocación estatal.

Las agresiones holandesas contra las colonias ibéricas en el Pacífico se convirtieron en una constante para la llamada Compañía de las Indias Orientales. En 1614 diez barcos de la Compañía de las Indias Orientales asolaron el tráfico marítimo y las poblaciones costeras de Filipinas. En África, las incursiones enemigas fueron igual de frecuentes. Los holandeses fundaron un fuerte en Moree, cerca de la base portuguesa de Sao Jorge da Mina. Y en América, los choques fueron dirigidos a las posesiones portuguesas en la cuenca del Amazonas y la costa de Guyana, pues estaban peor defendidas que las zonas estrictamente castellanas.

La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, con derecho exclusivo de comerciar al este del Cabo de Buena Esperanza, se encargaría de gestionar el monopolio del comercio en los territorios orientales durante varios siglos. Esta empresa privada podía celebrar acuerdos y tratados internacionales, administrar justicia, construir fuertes y reclutar soldados en nombre de la república, pero no tenía entre sus prioridades el bienestar de la población.

La empresa desarrolló un monopolio agresivo sobre el comercio del clavo, la nuez moscada y la pimienta, comercio que enseguida se extendió a las hojas de té, los granos de café y los tallos de caña de azúcar, y también a la exportación de esclavos. Se calcula que cerca de un millón de personas fueron usadas por esta empresa en el tráfico de esclavos.

La empresa pagaba salarios pésimos, trataba mal a sus empleados y peor a los millones de personas que gobernaba por todo el mundo. Los objetivos de sacar beneficios a cualquier precio eran incompatibles con el bienestar de estas poblaciones y con sus propios problemas políticos. Así quedó en evidencia en casos como la masacre del puerto de Batavia (actual Yakarta), cuando diez mil trabajadores chinos, muchos de ellos de los azucareros locales, fueron masacrados de manera salvaje por los soldados de la compañía.

Tras décadas de gran rentabilidad, la compañía fue finalmente víctima de la corrupción en sus filas, que había llegado a dar lugar a la expresión «perecieron por la corrupción» (que abreviado en neerlandés es un juego de palabras con las siglas VOC). La compañía anunció la bancarrota y fue disuelta el 31 de diciembre de 1799.