El secreto sobre los 13.000 españoles muertos en Annual que Franco y Primo de Rivera quisieron ocultar

Esta derrota en suelo marroquí produjo, además, una sensación de agresión por parte de los políticos en el seno del Ejército español, que reprochaba a estos que siempre les pidieran misiones imposibles, como someter a unos indígenas belicosos sin los medios adecuados y en condiciones deplorables. Fue tan grave lo acontecido que, en las jornadas siguientes a la tragedia, el Gobierno de la Restauración impidió a los medios de comunicación hacer cualquier referencia a ella para que no cundiera el pánico entre la población. «El lector advertirá hoy una ausencia total de información sobre África. Se ha establecido la censura previa», advertía ABC . Y cuando finalmente se filtró la noticia, provocó una doble reacción en todo el país: por un lado, conmocionó a los españoles, que todavía estaban traumatizados por la pérdida de las últimas colonias en 1898; y por otro, los indignó lo suficiente como para alzar su voz y exigir responsabilidades por la pérdida de sus seres queridos.

Ramón J. Sender contaba posteriormente cómo las mujeres indígenas seguían a la retaguardia mora torturando y rematando a los heridos españoles. A muchos de estos les arrancaban, incluso, las muelas mientras estaban vivos para hacerse con el oro de las fundas y los empastes. A otros los abrieron en canal a golpe de gumía, aseguraba el escritor. Toda la barbarie de las tropas de Abd el-Krim fue confirmada también por un superviviente que consiguió escapar después de que le cortaran un dedo y fingiera su muerte: «Los moros degollaban sin piedad a nuestros soldados con una ferocidad salvaje». Sin embargo, la mayoría de los testimonios cayeron en el olvido

«Es cierto que las tropas no contaban con la suficiente preparación y estaban bastante mal pertrechadas, pero ello no basta para justificar la exagerada desbandada de la que fueron partícipes y que, únicamente, se entiende a través de una concatenación de errores en los mandos. No solo en el despliegue anterior al desastre, que resultó demasiado ambicioso y precipitado, sino también en las decisiones inmediatas tomadas una vez comenzaron a caer las primeras posiciones», añade Iglesias.

La magnitud de la tragedia y el impacto político que tuvo llevó al Gobierno a encargar una investigación para depurar las responsabilidades que pedía el pueblo. El resultado, tras nueve meses de intenso trabajo dirigido por el general Juan Picasso González , fue un extenso y detallado informe conocido como el «Expediente Picasso». Un trabajo que supuso un ejercicio de memoria verdaderamente extraordinario, para cuya realización se emplearon fuentes orales y documentales, entre otras, con la debida prevención y una cuidada metodología. «Y de hecho puede ser considerado, a pesar de su voluntad judicial, un trabajo histórico mucho más contrastado y riguroso que la inmensa mayoría de la historia que se hacía en la época», subraya el historiador en su artículo.

Picasso también analizó con detalle la documentación de las operaciones y los mapas de cada una de las 155 posiciones que se desmoronaron en apenas 20 días. Comprobó la escasa consolidación del avance y localizó con una minuciosidad sorprendente los lugares donde se produjeron las muertes de Annual y describió los daños a los edificios, el nefasto despliegue, la retirada desordenada, el comportamiento cobarde de algunos mandos, los errores de la política con las cabilas y hasta la falta de instrucción de los soldados. Todos estos errores fueron señalados reiteradamente y criticados con dureza por el general.

Este párrafo resume muy bien las más de 2.000 páginas que lo formaba: «Hemos sido, como de costumbre, víctimas de nuestra falta de preparación, de nuestro afán de improvisarlo todo y de nuestro exceso de confianza. Todo ello constituye, a juicio del declarante, una grave responsabilidad que el país tiene el derecho a exigir, porque si es cierto que las autoridades, e incluso los exministros, han visitado el territorio y encontrado todo perfectamente, felicitando al mando por los resultados, no es menos cierto que la oficialidad prometió dedicar todos sus esfuerzos a mejorar la condición del soldado y la capacidad del Ejército, pero no lo cumplió, en perjuicio de una patria que necesita no un Ejército que se sacrifique, sino un Ejército que triunfe».

Antes de que el informe se hiciera público en el Congreso, muchos diputados y militares ya estaban cargando contra él y tratando de impedir que se publicara. En primer lugar, porque el Ejército sabía que tendría que esforzarse para recuperar su socavado prestigio. Y, en segundo, porque generó una losa demasiado pesada para el régimen de la Restauración , cuya supervivencia estaba en entredicho, así como para el monarca, señalado como culpable de los males del país por un número cada vez mayor de españoles.

En la historia de Europa no encontramos ninguna investigación de este calibre sobre un desastre colonial. De puertas para adentro era normal que los ejércitos investigasen sus fracasos, pero no que lo hiciesen con tanta exhaustividad y que dejasen los resultados completos en manos de los políticos. «No fueron pocos los que llegaron a considerar que era solo una quimera orquestada desde el poder para acallar las críticas de la opinión pública y de ciertos grupos políticos, así como que el tal Juan Picasso no estaba sino liando el asunto para posponerlo lo más posible y que fuese olvidado. También había quien defendía la labor que se estaba realizando y pedía tiempo para que diese sus frutos. Pero una vez que el informe de Picasso vio la luz, ya nadie volvió a dudar de la labor del general, convirtiéndose su trabajo al momento en un elemento clave del debate político español», explica Iglesias.

Un ejemplo de esto es el diputado socialista y futuro ministro republicano, Indalecio Prieto , que calificó al general Picasso «el constructor del panteón del olvido» con respecto al desastre. «Quien pretenda enterarse de lo ocurrido en la zona de Melilla por esta información habrá de dedicar un par de años a la lectura y, aún así, no se enterará de nada y perderá la cabeza. Veinte generaciones de ratones harán sus nidos en esta montaña de papel. He aquí en qué parará toda la depuración de responsabilidades». Y cuando por fin pudo leerlo, su visión cambió por completo y hasta pidió en el Congreso «el aplauso más ferviente, más rendido y más obligado al dignísimo general Picasso del Ejército español». «Hemos sentido la amargura de ver en su informe ratificado el desastre con el sello indiscutible de la imparcialidad y de la comprobación documental», aseguró.

Entre los que recibieron menos efusivamente el informe estaban, por supuesto, los que gestionaron el desastre de Annual desde el poder. Fue entonces cuando comenzaron a llover los cuchillos en el Congreso. Los liberales, que gobernaban en noviembre de 1922, consideraban culpables de la matanza al presidente Manuel Allendesalazar y a sus ministros. Estos, sin embargo, no entendían que hubiese que buscar responsables entre los políticos. Y los socialistas, por su parte, señalaban a todos los gobiernos desde 1909. La prueba de que algunos políticos, efectivamente, no salían muy bien parados en el expediente son las limitaciones impuestas a Picasso, mediante una Real Orden del Ministerio de la Guerra, cuando este solicitó los planes de operaciones del Alto Mando.

Pero lo más sorprendente es que tuvo mucho que ver con la dictadura de Primo de Rivera , cuyo golpe de Estado se produjo en buena medida para frenar la labor de las dos comisiones de investigación que se formaron, ya que el dictador y la mayoría de los militares consideraban responsable de la tragedia al sistema político. Esa es la razón de que, dos días antes de que triunfara el pronunciamiento de este en septiembre de 1923, el expediente desapareciera rápidamente del debate político español. Y lo que es peor aún, que desapareciera también físicamente.

Fue escondido en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos de Madrid por el diputado Bernardo Mateo Sagasta , presidente de una de las comisiones, consciente del peligro que corría con el nuevo régimen. Tal y como cuenta Juan Pando en «Historia secreta de Annual» (Altaya, 2008), «el hecho es cierto: en 1998 encontramos una parte del expediente en el archivo del Congreso. En uno de los legajos, bajo la mención de “Índice de los documentos de la Alta Comisaría que se hallan en el Consejo Supremo de Guerra y Marina”, se puede leer esta advertencia escrita en lápiz rojo y con trazo enérgico: “Se los llevó el señor Sagasta”».

Y no se equivocó, porque nada más llegar al poder, el dictador solicitó el expediente. Al enterarse de que había desaparecido, interpeló directamente al diputado, que afirmó no saber nada de su paradero. Sorprendente, Primo de Rivera no tomó represalias contra él, aunque no lo olvidó nunca, porque tiempo después, cuando el diputado solicitó un terreno de 700 hectáreas para la Facultad de Agrónomos que él mismo dirigía, este solo le concedió casualmente 21,30. Es decir, las dos cifras que coincidían con el número de miembros que formaban las dos comisiones (21 y 30). Como explica la historiadora Josefina Cuesta , dicha dictadura se convirtió en una máquina de olvido institucionalizado en lo que respecta al desastre, ya que no solo paralizó las investigaciones, sino que impuso la impunidad del Ejército y dictó amnistías para muchos de los militares a los que Picasso responsabilizaba, como el general Damaso Berenguer, acusado de negligencia.

Con la llegada de la Segunda República en 1931, Sagasta devolvió el informe al Congreso de los Diputados y Picasso publicó un resumen del que se vendieron solo mil ejemplares bajo el título de «El Expediente Picasso». Y aunque este no estaba completo, incluía por lo menos medio centenar de extractos de declaraciones de oficiales, soldados rasos y civiles, así como telegramas del Ministerio de Guerra. Pero el interés decayó muy pronto incluso en este nuevo régimen, pues no retomó las investigaciones sobre aquella humillante derrota como algunos esperaban y la figura de su responsable fue completamente olvidada. Al morir el 5 de abril de 1935, de hecho, tan solo ABC insertó una esquela de él en sus páginas.

El Expediente Picasso también quedó prácticamente sepultado durante el franquismo , que promovió igualmente su olvido, pues «una obra que insistía con tanta dureza en los vicios y corrupción del Ejército español en Marruecos no podía ser cómoda para un directorio militar, cuya línea oficial siempre primaría la culpabilidad de la clase política a la hora de buscar responsables de la catástrofe y demás males de la patria», afirma Iglesias. Por eso, el resumen publicado en 1931 se mantuvo como único referente para los historiadores de la época y posteriores. Y no se volvió a imprimir en España hasta 2003, en la editorial Almena, con el título de «El Expediente Picasso. Las sombras de Annual».