Así amnistió el PSOE a los golpistas de ERC en 1936: ¿cederá Sánchez como lo hizo Lerroux?

De producirse esa amnistía, volvería a repetirse un episodio que ya se produjo en España tras el golpe de Estado protagonizado por Lluís Companys en 1934, nada más ser nombrado presidente de la Generalitat. Él y el resto de los miembros de su Gobierno fueron detenidos y juzgados tras proclamar el Estado catalán y acusar al Gobierno español de «fascista», pero después ganaron la batalla cuando el presidente Alejandro Lerroux decidió dejarlos en libertad a pesar del grave delito cometido. ¿Procederá de la misma forma Pedro Sánchez?

Los representantes de ERC siguen hoy con esa idea en la cabeza , convencidos de que el actual presidente acabará cediendo tal y como hizo Lerroux en el 34. Al día siguiente del debate de investidura, de hecho, Aragonès, hombre fuerte de Esquerra al margen de Oriol Junqueras , volvió a dejar claras las prioridades durante una entrevista en Catalunya Radio: que el nuevo Gobierno se retire de todas las causas judiciales contra el independentismo. Para ello, recordó que Unidas Podemos ya había admitido «la represión» y la existencia de «presos políticos», por lo que daba por hecho que serían «aliados» en esta hipotética negociación. Pablo Iglesias lanzó un claro guiño a ERC en su intervención en el primer debate de investidura, cuando agradeció a los «independentistas en prisión y en el exilio» su trabajo por la investidura de Sánchez.

La situación durante los años de la Segunda República ya era convulsa en lo que respecta a los nacionalistas catalanes. El mismo el 14 de abril de 1931, pocas horas después de que se proclamara el nuevo régimen, el entonces presidente de Esquerra Republicana, Francesc Macià , aparecía por sorpresa en el balcón del ayuntamiento de Barcelona para manifestar que, «en nombre del pueblo de Cataluña, se hacía cargo del Gobierno catalán y en aquella casa permanecería para defender las libertades de su patria sin que pudiese sacársele de allí como no fuera muerto», contaba ABC . Aquello se saldó con un compromiso del Ejecutivo central de presentar en las futuras Cortes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, a cambio siempre de renunciar al «Estado propio».

No aprendieron los socialistas de aquella primera cesión. Manuel Azaña no tardó mucho tiempo en arrepentirse de las palabras que había pronunciado un año antes en el Ateneo de Madrid: «Muy lejos de ser incompatibles, la libertad de Cataluña y la de España son la misma cosa». Mientras que Ortega y Gasset pronto advirtió que estábamos ante «un problema que no se puede resolver, sólo se puede conllevar; es un problema perpetuo y lo seguirá siendo mientras España subsista». Y es que, aquel primer estatuto, a pesar de su generosidad , rebajaba las pretensiones originales los nacionalistas, ya que en vez de declarar que «Cataluña es un Estado autónomo dentro de la República española», establecía que «se constituye como una región autónoma dentro del Estado español».

La respuesta de Lluís Companys fue protagonizar un nuevo golpe de Estado en 1934. ¿Cómo? Mandó tomar las calles con 400 mossos, 3.200 guardias de asalto y más de 3.400 militares armados, según los datos de la página web de la Generalitat. El consejero de Gobernación Josep Dencàs llegó a la sede de esta escoltado por las Alianzas Obreras, organización constituida precisamente por el PSOE, el Partido Comunista y, en algunas provincias, los anarquistas de la CNT y la FAI, exigiendo la proclamación inmediata del Estado catalán.

Companys invitó a los dirigentes de la lucha antifascista a que formaran el «Gobierno Provisional» de esa República en Barcelona, de manera que conseguía asociar el nuevo Gobierno catalán a la Revolución de Asturias que habían impulsado esas Alianzas Obreras. Eso suponía una insurrección en toda regla y una violación de la Constitución de 1931, ya que proclamaba un Estado regional en una República federal inexistente. Una decisión que se debió a que el recién nombrado presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, había dejado entrar a tres ministros de la CEDA (Confederación de Derechas Autónomas) en su Gobierno. «Vengan a Barcelona y defiendan la Generalitat del posible ataque del Ejército español», declaró el líder de los rebeldes.

«Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas», proclamó Companys . La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Declaró el estado de guerra y encargó al general Batet que marchará contra los secesionistas. Las calles de Barcelona se llenaron de jóvenes de Esquerra. «Iban todos armados –contaba ABC–. Algunos llevaban, además de una magnífica carabina Winchester, una soberbia pistola automática, a veces ametralladora». La ciudad se convirtió en el escenario de una batalla entre el Ejército contra los Mossos de Esquadra, cuyo jefe, el general Pérez Farrás, insistió después en que él solo obedecía al presidente de la Generalitat.

El periodista de ABC en Barcelona, Antonio Guardiola, contaba al detalle cómo vivió la asonada en un artículo que titulaba «El golpe de Estado de la Generalitat» : «Horas antes nos había chocado a varios periodistas observar que el coche del presidente Companys no ostentaba la bandera de la República, sino solamente la catalana». Y añadía: «A las seis de la tarde, los Mossos nos invitaron a los periodistas a abandonar el Palacio de la Generalitat. Nadie supo hasta más tarde lo que acababa de acordarse en la reunión del Consejo: proclamar el "Estat catalá", rompiendo toda relación con el Gobierno central. En una palabra: declarar la guerra al Estado español».

En los enfrentamientos murieron ocho militares y 38 civiles. A las siete de la mañana del día siguiente, Companys comunicaba su rendición a Batet y las tropas entraban en el Palacio de la Generalitat. Él, los miembros de su Gobierno, el presidente del Parlamento, varios diputados, el alcalde de Barcelona y los concejales de ERC fueron detenidos y encarcelados en los buques Uruguay y Ciudad de Cádiz, acondicionados ambos como prisión. El único que logró huir a través de las alcantarillas, y fundar en el exilio una organización de tintes fascistas influenciada por las Camisas Marrones de Mussolini , fue el consejero de Gobernación Josep Dencàs.

Mientras Cataluña recuperaba la normalidad, los miembros del Gobierno de Companys fueron juzgados y acusados de rebelión por el Tribunal de garantías constitucionales de la República en junio de 1935. La sentencia fue aprobada por 14 votos a favor y 7 en contra y fueron condenados a 30 años de prisión, que deberían cumplir en los penales de Cartagena y el Puerto de Santa María. Pero aquello no ocurrió, ni siquiera el jefe de los Mossos d'Esquadra, el comandante Enrique Pérez Farrás, al que se le acusó de rebelión militar y alta traición, tras llamar a la armas frente a la Generalitat y ocasionar varias víctimas,. Su pena de muerte fue conmutada por la perpetua y, como veremos después, puesto en libertad.

De ahí que en la actualidad ERC pretenda establecer las similitudes con las elecciones generales que se celebraron en febrero de 1936, ya que aquella victoria del Frente de Izquierdas en Cataluña y del Frente Popular en el resto de España, fue la que llevó a los socialistas y al Gobierno republicano a amnistiar a los encarcelados. Todo un proceso que Companys quiso utilizar para impulsar su imagen de «mártir» y sacar rédito en las siguientes elecciones.

Al poco de ser detenido, Companys fue sustituido al frente de la Generalitat por el coronel Jiménez Arenas, que se mantuvo en el cargo mientras duró la ley marcial. Después se desmanteló la infraestructura de los sublevados, se intervino el armamento y se produjeron más detenciones. En los días sucesivos, incluso se planteó el debate de la derogación del régimen autonómico que había sido utilizado con evidente deslealtad por ERC y sus aliados. También se revisaron las competencias del estatuto y se inició un proceso de asunción de competencias por parte del Gobierno central, como el caso del orden público. Todo aquello se prolongó hasta el comienzo del juicio a finales de mayo de 1935, en el que el detenido presidente de la Generalitat, además de asumir el papel de víctima, alegó insolvencia económica para evitar una multa.

Todo este proceso se vio interrumpido repentinamente por el triunfo electoral del Frente Popular de izquierdas en febrero de 1936. Aquella victoria sumió al país en un ambiente de crispación que ya vaticinaba la Guerra Civil. Un momento que muchos nacionalistas catalanes y simpatizantes de la izquierda, como fueron las Alianzas Obreras del PSOE y el Frente de Izquierdas catalán, utilizaron para exigir la amnistía de los detenidos.

Este último había obtenido el 59% de los votos en la comunidad (41 escaños) y ganado en todas las provincias. Por eso, cuando el Frente Popular, donde el PSOE era también el grupo con más escaños, se hizo con el Gobierno en España, no dudó en ceder antes las pretensiones de su aliados catalanes y liberar a Company, Pérez Farrás y el resto de golpistas. Azaña firmó un decreto ley de amnistía y permitió el regreso a casa como si de héroes se trataran. Poco después, el Gobierno de la República devolvió paulatinamente las competencias a la Generalitat y Companys fue restituido como presidente. El régimen autonómico recuperaba, así, su estatus anterior a la insurrección.

Una cesión que realizaban aún sabiendo que permitían a los nacionalistas dar pasos importantes para la «emancipación de su patria» y que perpetuarían un problema que, como dijo precisamente Azaña poco después, no iba a ser fácil de resolver: «Es más difícil gobernar España ahora que hace cincuenta años. Y más difícil será gobernarla dentro de algunos más. Es más difícil llevar cuatro caballos que uno solo».