¿Qué tránsfugas?
EL diccionario de la Real Academia Española incorpora tres acepciones en su entrada «tránsfuga», la tercera de las cuales se refiere al ámbito militar. Rezan las otras dos: 1. Persona que pasa de una ideología o colectividad a otra; y 2. Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato. Resulta evidente que Tamayo & Sáez, artífices de la más espectacular performance de la democracia española, no cumplen los requisitos mínimos del transfuguismo, pues ni se han acogido a otra ideología o colectividad ni «se han separado» (obsérvese el pronombre reflexivo que incorpora la acepción del diccionario) del partido socialista. Mientras no se demuestra lo contrario, Tamayo & Sáez sólo son dos diputados socialistas disidentes o díscolos o absentistas a quienes su partido castigó con la expulsión fulminante (sin avenirse siquiera a escucharlos), después de que no asistieran a la sesión constitutiva del parlamento madrileño. Tamayo & Sáez «fueron separados» del partido que los había incorporado a su candidatura; y puesto que, haciendo uso de su derecho, no han entregado sus actas de diputado, se han alojado en un ámbito de ostracismo político, al margen de cualquier «ideología o colectividad» representada en el parlamento. La consagración de la mentira comienza cuando designamos las cosas con nombres que no les corresponden; y, cada vez que a Tamayo & Sáez se les denomina «tránsfugas», se contribuye a dicha consagración. Resulta comprensible que la facción damnificada por la disidencia de sus compañeros incurra en la inexactitud semántica, en medio del torrente de imprecaciones e increpaciones con que ha desahogado su berrinche. Menos comprensible se nos antoja que la facción adversa, a quien nadie ha dado vela en las desavenencias intestinas de los socialistas, acepte el lenguaje manipulado de los damnificados. Y que la prensa haya adoptado como propio un término erróneo constituye un síntoma de parcialidad, o siquiera de inercia.
Resultan grotescas, amén de calumniosas, las acusaciones proferidas por la facción damnificada, según las cuales la disidencia o indisciplina de Tamayo & Sáez habría sido remunerada para facilitar el acceso al poder de la facción triunfante en las pasadas elecciones. Si en verdad la facción que capitanea Esperanza Aguirre se hubiese pringado en una maniobra tan abyecta y delictiva, ¿cómo explicamos entonces que se haya negado a sacar provecho de sus maquinaciones? Porque lo cierto es que Esperanza Aguirre podría ser investida legítimamente presidenta regional (perdón, autonómica) sin molestarse siquiera en que los disidentes Tamayo & Sáez ascendiesen a la categoría de «tránsfugas», sin necesidad de que se acogiesen a la «ideología o colectividad» que encabeza. Bastaría con que Tamayo & Sáez perseverasen en su actitud abstencionista para que Esperanza Aguirre fuese elegida, en segunda votación, por mayoría simple. Al negarse a ser investida en estas condiciones, Esperanza Aguirre muestra un prurito ético muy encomiable, quizá también excesivo y dispendioso, puesto que su decisión acarreará la convocatoria de otras elecciones, con el consiguiente gasto para el erario público. Gasto que, en estricta justicia, habría de detraerse de las partidas destinadas a la facción que permite el florecimiento de disidentes en sus filas.
Mientras no se demuestra lo contrario, Tamayo & Sáez son tan sólo diputados expulsados por el partido o jaula de grillos que los cobijó en su candidatura. Envolver su travesura con los ropajes de una mastodóntica conspiración inmobiliaria atenta contra el principio de presunción de inocencia; y, cuando las imputaciones las formula alguien como la diputada Ruth Porta, plusmarquista del coleccionismo de pisos, a uno sólo le queda el recurso de la hilaridad.
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